Lindomar Jesús Amaro Bustamante, uno de los cientos de detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 , murió ahorcado en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, «bajo custodia del Estado», denunciaron dos ONG.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó, en una publicación en X, que Amaro, quien fue detenido en el contexto de las protetas postelectorales en el estado Cojedes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mientras se dirigía a su vivienda en una moto, se quitó la vida el sábado.

«La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda», señaló la ONG.

Lindomar Amaro, de 27 años de edad, es el sexto preso por razones políticas que muere bajo custodia del Estado entre 2024 y lo que va de 2025, denuncia en su post Clippve.

Amaro, tras su arresto, había sido trasladado a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

«Según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida y, aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable», añadió la publicación.

La organización igualmente advirtió que Jhoandri Joel Silva Lara, detenido también tras las elecciones presidenciales de julio pasado, «intentó suicidarse» en la misma cárcel.

«Recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay, tras una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia por su hija menor», reseñó el Comité.

La ONG dijo que reiteradamente se ha denunciado el «sufrimiento extremo» de los jóvenes detenidos tras las presidenciales, muchos en Tocorón, «sometidos a condiciones inhumanas, tortura, intentos de suicidio, crisis nerviosas e incomunicación».

«Todo ello responde a un patrón que busca quebrar su resistencia y silenciar a sus familiares mediante miedo y represalias», agregó.

El Comité exigió al Estado venezolano garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, «sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas».

Asimismo, dijo que con este suceso «ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025».

El cuerpo de Amaro, detalló el Comité, fue trasladado a Cojedes, donde «fue enterrado de manera exprés» este domingo.

Entretanto, Madres en Defensa de la Verdad sostuvo, en un comunicado, que han denunciado ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Servicios Penitenciarios la «pésima calidad y la cantidad insuficiente de los alimentos y el agua que reciben los privados de libertad, lo que les ha provocado una significativa pérdida de peso y graves problemas estomacales».

«Asimismo, hemos alertado sobre los castigos físicos y la tortura psicológica a la que están siendo sometidos nuestros familiares», apostilló.

La organización denunció que ambos jóvenes llevaban 15 días «en régimen de castigo y aislamiento».

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 906 personas consideradas presos políticos, la mayoría de ellas tras las protestas contra el resultado oficiales de las elecciones presidenciales.

EFE