El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su Informe Anual 2024, titulado Apagón democrático en Venezuela, que documenta graves violaciones a 14 derechos humanos entre enero y diciembre del año 2024 en Venezuela.
Con 2.224 víctimas de tratos crueles, un aumento del 671,42% en desapariciones forzadas y 522 asesinatos por fuerzas de seguridad, el informe expone un año marcado por la represión postelectoral, la pobreza extrema y el colapso de servicios básicos.
A continuación te explicamos en 10 claves resumen los hallazgos más críticos del deterioro de los derechos en el país, según el informe de la organización defensora de los derechos humanos.
➡️2.224 víctimas de tratos crueles
La organización documentó 2.224 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el año pasado, un 88,1% más que en 2023, según registra el informe. Estas violaciones, parte de 209 denuncias documentadas, afectaron a 2.808 personas, especialmente tras las elecciones del 28 de julio.
El informe reporta 60 casos de tortura, un aumento frente a años previos. La violencia en protestas postelectorales elevó el número de personas heridas.
El plan “Furia Bolivariana”, relanzado en enero de ese año, intensificó la represión con amenazas y operativos en comunidades vulnerables, donde además hubo una restricción de la libertad de expresión.
➡️Reportaron un alza de 671,42% en desapariciones forzadas
Provea registró un aumento de 671,42% en desapariciones forzadas en 2024 respecto a 2023. Estas integran las 2.635 violaciones al derecho a la libertad personal, que crecieron un 1.347,8%.
Tras los comicios de julio, las desapariciones se institucionalizaron como terrorismo de Estado. Los detenidos, procesados con leyes antiterroristas, no accedieron a abogados de confianza y no se respetó el debido proceso de las personas que fueron arrestadas en el contexto postelectoral.
Las personas más afectadas fueron los habitantes de las comunidades pobres, quienes enfrentaron detenciones arbitrarias por salir a protestar o por estar cerca de una manifestación ciudadana. El informe detalla que las familias quedaron sin información sobre los detenidos: a dónde fueron llevados, cómo se realizaron las audiencias y otras violaciones registradas por la organización.
➡️522 asesinatos por fuerzas de seguridad
Provea reportó 522 asesinatos por violencia policial y militar durante el año 2024, justificados como “enfrentamientos” o lo que se le llama ejecuciones extrajudiciales.
El documento indica que en cinco años, 6.414 personas han muerto en estas circunstancias, con uso excesivo de la fuerza letal por parte de las autoridades de seguridad del Estado.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue señalada en 151 casos. El 65% de las víctimas eran jóvenes negros, de 18 a 30 años de edad, principalmente en operativos que se realizaron en las comunidades pobres.
➡️El colapso electoral de julio
La ONG destacó que las elecciones del 28 de julio destruyeron la democracia en el país, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dio la victoria a Maduro, lo que la ONG calificó como un proceso opaco, que, posteriormente, desató protestas que fueron reprimidas con violencia.
Provea hizo enfásis en el informe del incumplimiento del gobierno con los Acuerdos de Barbados, la inhabilitación de María Corina Machado y la negación de la inscripción de Corina Yoris como candidata sustituta de la líder opositora.
“La falta de garantías limitó el derecho al voto”, se lee en el informe. Destacaron que la represión postelectoral incluyó detenciones y desapariciones forzadas y que se utilizó la Ley Contra el Odio para procesar a cientos de personas y restringir así la libertad de expresión.
➡️Cuantificó la pobreza extrema en 70,6%
La ONG aseguró que 86,9% de la población vivía en pobreza por ingresos en 2024, y 70,6% en pobreza extrema, según la Encuesta de Hogares de HUM Venezuela. Además, el estancamiento del salario mínimo agravó la crisis.
Para la organización de derechos humanos, el cierre de espacios democráticos impactó en los derechos sociales debido a que la falta de políticas efectivas perpetúa la inseguridad alimentaria.
➡️Colapso del sistema de salud
Provea reportó que más de 80% del sistema sanitario público estuvo «inhabilitado» en 2024 por la falta de personal médico y el desabastecimiento de insumos que impidieron la atención adecuada.
Según el informe, la infraestructura sanitaria carece de agua y electricidad, y las zonas que resultaron más afectadas son las rurales e indígenas. Enfermedades como la lepra y leishmaniasis que son difíciles de tratar por falta de medicamentos.
➡️Persecución a 395 trabajadores
En la investigación se mencionó la persecución contra 395 trabajadores públicos en 2024, a quienes despedieron por cuestionar los resultados electorales o expresar opiniones opositoras, enfrentaron hostigamiento y detenciones.
Resaltaron que el gobierno eliminó prestaciones sociales, cajas de ahorro y convenciones colectivas y que los ingresos de jubilados y pensionados, ligados al salario mínimo, son insuficientes.
➡️El terror del plan “Furia Bolivariana”
Provea detalla que el plan “Furia Bolivariana”, relanzado en enero de 2024, intensificó la represión con desapariciones forzadas, amenazas públicas y cercos en comunidades pobres.
La legislación antiterrorista y la Ley Contra el Odio procesaron a cientos sin debido proceso. Las amenazas en redes y medios públicos generaron un clima de miedo.
Los operativos policiales y militares restringieron la libertad de movimiento. Estas prácticas consolidaron un control autoritario, según se documenta en el informe.
➡️Impunidad en 95% de los casos
La ONG reportó que 95% de los homicidios en manifestaciones pacíficas entre 2014 y 2024 no tienen sentencias condenatorias. Los 522 asesinatos de 2024 atribuidos a los funcionarios policiales carecen de investigaciones independientes.
En la investigación señalan que el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial garantiza la impunidad y las justificaciones de supuestos “enfrentamientos” en casos de violencia institucional evaden responsabilidades de los funcionarios.
➡️Retos para la sociedad civil en 2025
Provea prevé retos en 2025 por el aumento de la represión, el cierre del espacio cívico y la emergencia humanitaria. La crisis económica y política podría generar nueva conflictividad.
Para la ONG, es esencial un movimiento de derechos humanos fortalecido, ya que la movilización social y la educación son clave para romper el ciclo de injusticia.