El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, consideró que la citación que le hizo la policía científica por el caso de la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, genera un efecto intimidatorio en la sociedad civil.
Murillo acudió el miércoles a la citación relacionada con la supuesta comisión de un delito contemplado en la llamada ley contra el odio, a pesar de que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no dejó claro en la boleta el origen y fundamento de la investigación, ni la cualidad procesal bajo la cual comparecería el activista.
Luego de cinco horas de interrogatorio en el Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas, Murillo salió y confirmó que se trata de una investigación del Ministerio Público relacionada con la muerte de Santos, un caso por el que pidió una investigación imparcial.
Durante el interrogatorio, en calidad de testigo, Murillo reafirmó lo que ha sido la esencia de Provea por más de 36 años: acompañar a los familiares de las víctimas en sus denuncias, asesorando jurídicamente, y también visibilizar sus casos.
Puedes leer: Óscar Murillo está en la calle luego de cinco horas de interrogatorio en el Cicpc
“Prácticamente tuvimos que narrar el hecho desde el primer momento que nos llega la denuncia de la lamentable muerte de Edwin Santos y el desarrollo de este acompañamiento que hemos tenido con sus familiares”, dijo en un video publicado en la cuenta en X de la organización.
“Nos parece, sin duda, que este tipo de situaciones genera un efecto intimidatorio en la sociedad civil y pedimos que cese el hostigamiento y la persecución a las organizaciones no gubernamentales”.
Cese al hostigamiento.
Tras más de 5 horas de interrogatorio, nuestro Coordinador asistió este miércoles #20Nov en respuesta a citación del CICPC. #ProveaResiste
Confirmamos que el Ministerio Público adelanta una investigación bajo la Ley Contra el Odio relacionada con la… pic.twitter.com/sUcIhQy90C
— PROVEA (@_Provea) November 21, 2024
Defender derechos no es un delito
Provea también exigió la noche del miércoles que se detenga la criminalización, el hostigamiento y persecución hacia las ONG en Venezuela.
“Defender derechos no es un delito, es un derecho consagrado en la Constitución y respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales de los que Venezuela es parte”, publicó en X.
Antes de conocer el motivo de la citación a Murillo, Provea dijo que esta ocurrió en medio de una escalada de abusos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y de amenazas del ministro de Interior, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Edwin Santos en el estado Apure.
Voluntad Popular denunció que al activista, desaparecido desde el 23 de octubre, lo detuvieron agentes del Estado. Dos días después lo encontraron muerto. El director general del Cicpc, Douglas Rico, informó que se trató de un accidente de tránsito al impactar la moto en la que se desplazaba contra un árbol.
Según datos de Provea, 592 ataques contra defensores de derechos humanos ocurrieron en el primer semestre del año en Venezuela, lo que supone un incremento del 92% comparado al mismo período de 2023.
