El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, salió la tarde de este miércoles de la sede de la policía científica, luego de un interrogatorio de cinco horas vinculado a una investigación por la supuesta comisión de un delito contemplado en la llamada ley contra el odio.
La jornada estuvo llena de expectativa e incertidumbre. Murillo fue citado en el marco de una investigación de la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Cristóbal, estado Táchira.
Sin embargo, no estaba claro el origen y fundamento de la investigación del Cicpc, ni la cualidad procesal bajo la cual comparecería Murillo.
Poco después de su salida del Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que el también periodista fue entrevistado en calidad de testigo.
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Raúl Cubas, uno de los fundadores de la ONG, recibió a Murillo mientras miembros de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general coreaban “Provea no está sola, Provea se defiende”.
Más temprano, Murillo dijo que acudía al Cicpc para cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes y el Estado de derecho.
Tras más de 5 horas de interrogatorio en el CICPC, nuestro Coordinador, @oscarfmurillo, sale del cuerpo policial tras citación en Caracas por supuesta “investigación” basada en la Ley Contra el Odio. #ProveaResiste
Lo recibe uno de nuestros fundadores, Raúl Cubas, defensor y… pic.twitter.com/7mivg3wYaW
— PROVEA (@_Provea) November 20, 2024
Criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos
Más de 30 organizaciones civiles condenaron este miércoles la citación y denunciaron que el hecho forma parte de una escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro para criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos en Venezuela.
Desde la salida de Óscar Murillo del Cicpc no ha trascendido mayor información sobre el caso. Sin embargo, Provea adelantó el martes que la citación ocurrió en medio de una escalada de abusos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y de amenazas del ministro de Interior, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, en el estado Apure.
