La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela exigió este jueves al Estado garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero.
Las autoridades venezolanas deben respetar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos y liberar a todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente, dijo la Misión en un comunicado.
Marta Valiñas, presidenta de la instancia de las Naciones Unidas, hizo un fuerte llamado a las autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles represalias.
“Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”, expresó.
Valiñas añadió que toda conducta violatoria de derechos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso.
Aparato represor sigue plenamente operativo
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela documentó en su más reciente informe la violenta represión contra la población que protestaba tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que calificó como una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país.
De acuerdo con el Poder Electoral, el mandatario Nicolás Maduro ganó las presidenciales de julio de 2024, sin embargo, no reveló resultados detallados que respaldaran la victoria a pesar de los pedidos de la oposición y la comunidad internacional.
La oposición denunció fraude y aseguró con base en las actas electorales que publicó en su sitio web que la victoria realemente correspondió a su abanderado, Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio en España, quien ha asegurado que regresará al país para tomar juramento como presidente.
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Francisco Cox, experto de la Misión, agregó que “el aparato represor sigue plenamente operativo” en Venezuela. Detalló que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a al menos 56 activistas de partidos de la oposición, a 10 periodistas y a una defensora de derechos humanos.
Cox indicó que tanto quienes ordenen detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos tratos como quienes las ejecuten, son responsables penalmente de forma individual.
Ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto
El Ministerio Público informó en diciembre que 1.369 personas, de las más de 2.500 detenidas durante las protestas contra el resultado oficial de las elecciones, fueron excarceladas.
Estos datos, sin embargo, no han podido ser corroborados, dijo la Misión. La ONG Foro Penal indicó que según su cálculos 1.849 personas permanecen en prisión por motivos políticos.
La Misión exigió la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y el respeto por las propias leyes venezolanas y reiteró la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas detenidas con problemas de salud, a los adultos mayores, así como considerar el interés superior de niños y niñas que aún afrontan procesos penales.
La instancia de la ONU recordó que cada día se suman personas capturadas y se cuentan en centenares quienes todavía permanecen en prisión sometidas a condiciones indignas, actos de tortura, así como a tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Patricia Tappatá, integrante de de la Misión, señaló que las personas excarceladas, incluidos niños y niñas, permanecen sometidas a medidas cautelares y a procesos por delitos graves, como terrorismo o traición a la patria.
“La persecución a las personas opositoras o a quienes el gobierno considera como tales, no solo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto”.
