Más de 30 organizaciones civiles condenaron este miércoles la citación de la policía científica contra el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, por la supuesta comisión de un delito contemplado en la llamada ley contra el odio, y denunciaron que el hecho forma parte de una escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro para criminalizar y aplacar la defensa de derechos humanos en Venezuela.
“La citación a Oscar Murillo no solo es un ataque individual o a una ONG, sino que representa un intento por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión poselectoral”, se señala en la carta firmada por Promedehum y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, entre otras organizaciones.
En el documento se destaca que la citación policial no especifica el origen ni el fundamento de la alegada investigación que llevaría a cabo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por un delito de odio.
Sin embargo, consideran las ONG que el acto contra Murillo está realacionado con la ola de amenazas e intimidaciones encabezadas por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra las personas defensoras y organizaciones que pidieron una investigación imparcial sobre la muerte en el estado Apure del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos.
Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente la citación policial cursada al defensor Oscar Murillo, Coordinador General de @_Provea, por una supuesta investigación al amparo de la “Ley contra el odio”, como parte de una escalada represiva del régimen de Maduro. pic.twitter.com/8e3Wo3Nsp8
— PROMEDEHUM (@promedehum) November 20, 2024
Instalar el terror en la sociedad
La organizaciones recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los integrantes de Provea se encuentran en una situación de riesgo, "considerando los constantes señalamientos en su contra, la vigilancia y los seguimientos por parte de agentes estatales".
Sostuvieron que tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio “Venezuela entró en un nuevo ciclo de violencia política” que “busca instalar el terror en la sociedad”.
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Insistieron en que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil debe estar plenamente garantizado, así como el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
“El Estado debe cesar la política de persecución por motivos políticos contra la disidencia real o percibida y cooperar con una justicia genuina ante su expediente por crímenes de lesa humanidad que continúa sustanciándose ante la Corte Penal Internacional”.
Cumplir con el Estado de derecho
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, acudió esta mañana a la citación en compañía de su abogada. “Venimos a cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes, el Estado de derecho”, afirmó antes de ingresar a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas.
El activista por los derechos humanos espera conocer por qué se le ha citado.
El 30 de octubre, el ministro Cabello cuestionó por televisión la labor de Provea y amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron que había testigos sobre la detención de Edwin Santos a manos de agentes del Estado, como denunció Voluntad Popular, dos días antes de ser encontrado muerto el 25 de octubre.
El director general del Cicpc, Douglas Rico, informó que la muerte de Santos se trató de un accidente de tránsito al impactar contra un árbol la moto en la que se desplazaba.
