Óscar Murillo, coordinador general de Provea, acudió este miércoles a la citación de la policía científica por la supuesta comisión de un delito contemplado en la llamada ley contra el odio.
“Venimos a cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes, el Estado de derecho”, afirmó antes de ingresar a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la avenida Urdaneta de Caracas.
Provea adelantó el martes que la citación no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación del Cicpc, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer Murillo.
El activista por los derechos humanos, quien acudió al Cicpc junto a su abogada, explicó que espera conocer por qué se le ha citado. Además, “queremos ratificar el compromiso de Provea con las leyes de la República, con la sociedad venezolana y reivindicar también el trabajo de que defender derechos humanos no conlleva ningún delito y que acompañar a las víctimas es un trabajo medular de las organizaciones de derechos humanos”.
A las afueras del Cicpc se encuentran en este momento representantes de medios de comunicación y miembros de organizaciones civiles y de la comunidad en general que han acudido en respaldo a Murillo y Provea.
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Diferentes organizaciones se pronunciaron esta mañana en redes sociales para manifestar que están muy atentas al desarrollo de la citación.
Defender derechos humanos y denunciar abusos no es un delito.
El CICPC ha citado hoy #20Nov a nuestro Coordinador General por una supuesta investigación basada en la Ley Contra el Odio. #ProveaResiste
Esta situación se produce tras la escalada de abusos en Venezuela que… pic.twitter.com/BZ9cTk17cN
— PROVEA (@_Provea) November 20, 2024
Citación en medio de amenazas
Provea dijo el martes que la citación del Cicpc a Murillo ocurrió en medio de una escalada de abusos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y de amenazas del ministro de Interior, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, en el estado Apure.
La muerte de Santos generó gran repercusión en Venezuela. Voluntad Popular denunció que el activista, desaparecido desde el 23 de octubre, había sido detenido por agentes del Estado. Dos días después lo encontraron muerto. El director general del Cicpc, Douglas Rico, informó que se trató de un accidente de tránsito en moto al impactar contra un árbol.
Según datos de la ONG, 592 ataques contra defensores de derechos humanos ocurrieron en el primer semestre del año -un incremento del 92% comparado al mismo período de 2023.
