Mordaza en Venezuela. El 2024 estuvo marcado por distintos conflictos sociales en Venezuela y la libertad de expresión fue blanco central de ataques desde la cúpula gubernamental. En uno de los años donde se han registrados miles de violaciones de derechos humanos en el país, la ONG Espacio Público documentó al menos 311 casos de violaciones a la libertad expresión, un aumento de casos de 52% de aumento, si se compara con el año 2023.
Mediante una transmisión vía Zoom, la mañana de este viernes 2 de mayo, la organización presentó su Informe Anual 2024 sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, en el que señaló cómo este incremento se atribuye principalmente a las restricciones impuestas durante el proceso electoral presidencial del 28 de julio y la ola represiva en los meses posteriores, caracterizada por una política de persecución inédita en proporción y alcance contra liderazgos sociales, políticos y ciudadanos en general.
Julio y agosto de 2024, los meses con más casos
La organización cifró el mes de julio como el de mayor número de casos de violaciones sistemáticas de la libertad de expresión, con 98 situaciones, que equivalen a un tercio de los casos registrados en todo 2024.
Espacio Público señaló que el mes de agosto, con 66 casos, ocupó el segundo lugar debido a la represión que se generó después de las elecciones presidenciales del mes de julio. Los datos de la organización subrayan que solo en estos dos meses del año se concentra más del 50% de las violaciones documentadas en el informe.
En total, Espacio Público registró 619 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en 2024, un aumento del 61 % respecto a las 384 reportadas en el año 2023.
Cuáles fueron las principales violaciones
Las principales violaciones incluyeron 199 casos de intimidaciones, 127 de censura, 80 de hostigamientos verbal y 79 restricciones administrativas. El documento, que se encuentra publicado en el sitio web oficial de la organización, destaca que 2024 fue el año con mayor número de violaciones a la libertad de expresarse en los últimos cinco años.
Para Espacio Público, el contexto electoral marcó un punto de inflexión en las restricciones a la libertad de expresión. Las detenciones arbitrarias, la censura y la falta de garantías judiciales se intensificaron, generando miedo y desconfianza en la población.
Restricciones en el contexto electoral
El informe de Espacio Público señala que el proceso electoral presidencial del 28 de julio fue un factor clave en el incremento de violaciones.
Durante el ciclo preelectoral, la organización registró 29 casos con 98 denuncias, uno de los períodos más violentos en elecciones presidenciales, según la documentación de la organización no gubernamental venezolana.
Las restricciones incluyeron limitaciones a la cobertura periodística, amenazas, detenciones arbitrarias y procesos judiciales por difundir información.
Persecución política y periodística
En julio, las violaciones alcanzaron su pico con 98 casos, impulsadas por la criminalización de la actividad política y periodística. La aplicación de la Ley Contra el Odio y otros delitos asociados se intensificó para reprimir protestas pacíficas y la labor de los medios, según el informe.
Agosto, con 66 casos, reflejó la represión postelectoral. Entre el 28 de julio y el 31 de agosto, se documentaron 128 casos con 215 denuncias, que evidenciaron un aumento en detenciones por publicaciones en redes sociales y restricciones en línea relacionadas con los comicios.
Persecución y detenciones
Espacio Público reportó 99 detenciones relacionadas con la libertad de expresión en 2024, un aumento del 253,5% respecto a las 28 que se documentaron en el año 2023. De estas, 71 correspondieron a ciudadanos particulares, 24 a periodistas y trabajadores de la prensa, tres a miembros de ONG y un trabajador público.
El informe señala que las detenciones arbitrarias fueron una herramienta principal para silenciar a quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión. El documento destaca casos como la detención de activistas y ciudadanos por publicaciones en redes sociales, a menudo bajo acusaciones de delitos asociados a la Ley Contra el Odio.
Un caso emblemático mencionado en el informe fue el asesinato del locutor Miguel Ángel Molina, encontrado muerto el 21 de junio en la frontera entre Táchira y Colombia.
Marco legal y restricciones estructurales
El informe reseña iniciativas legales que limitaron la libertad de expresión en Venezuela. El 13 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la suspensión del receso parlamentario para aprobar leyes contra “expresiones de odio” en redes sociales, al acusarlas de promover terrorismo y fascismo.
El 20 de agosto, se publicó en Gaceta Oficial la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano consultivo para prevenir usos ilegales de tecnologías de comunicación. Entre sus funciones está monitorear incidentes telemáticos para gestionar delitos informáticos, lo que podría generar controles excesivos, según Espacio Público.
Estas medidas, junto con la Ley Contra el Odio de 2017 fortalecen un esquema de persecución estatal. El informe advierte que estas iniciativas buscan generar efectos inhibitorios en la población, restringiendo el debate público y el ejercicio de derechos civiles.
Espacio Público subraya que las restricciones de 2024 consolidaron un sistema autoritario que debilitó el espacio cívico. La persecución a liderazgos sociales y políticos, sumada a la censura y la represión, limitó la capacidad de la ciudadanía para expresarse librely acceder a información de interés público.
Cómo va el 2025
Entre enero y abril de 2025, Espacio Público registró 59 casos de violaciones a la libertad de expresión, con 108 denuncias de violaciones a este derecho humano, lo que representa una disminución del 19-20% respecto al mismo período de 2024.
Enero fue el mes con más casos, registrando 38, debido a la violencia política. Las violaciones más frecuentes fueron censura, con 37 casos, intimidación, con 25 casos registrados y restricciones administrativas.
Se documentaron cinco emisoras cerradas entre los estados Bolívar, Mérida, Portuguesa y Táchira. Espacio Público señaló que las radios, el medio de mayor alcance en Venezuela, siguen siendo blanco de políticas de censura y cierres arbitrarios.
Además, se registraron 19 detenciones, con 10 particulares y ocho trabajadores de la prensa, representando el 32% de los casos. Seis detenciones se relacionaron con supuestos delitos de odio.
El 64% de los casos ocurrió en internet, con 21 bloqueos digitales. Las restricciones se concentraron en Distrito Capital (7%), Táchira (5%), Bolívar (4%), Miranda (4%) y Zulia (4%). Aunque el contexto preelectoral de 2025 difiere de 2024, la violencia institucional persiste, según el informe.