Por lo menos 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en Venezuela durante el año 2024, según el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La cifra representa un aumento del 88,1% respecto a 2023.
El informe, en su edición número 36, se presentó este miércoles 30 de abril en la sede de la Asociacion de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv). La organización lo tituló Apagón democrático en Venezuela, en el que se analizaron los avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para 14 derechos humanos en el país.
La presentación del informe estuvo a cargo de Oscar Murillo, coordinador general de Provea; la socióloga fundadora de la organización Ligia Bolívar; Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea; Diego Casanova representante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) y Argelia Castillo, secretaria de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Apufat).
«A lo largo de todo el año y en el capítulo sobre la integridad personal, encontramos que 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, eso significa un aumento del 88 % con respecto a 2023», reiteró la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, durante su intervención.
Las víctimas de violaciones a la integridad personal
El informe detalla que 2.808 víctimas sufrieron violaciones al derecho a la integridad personal, con 209 denuncias documentadas. Además, se reportaron 60 casos de tortura, que reflejó, según la ONG, una escalada en la represión, especialmente tras las elecciones del 28 de julio.
La organización señaló que las cifras muestran un deterioro significativo en la protección de los derechos fundamentales en el país, marcado por un incremento en la violencia institucional contra ciudadanos que exigían transparencia electoral.
En el informe la organización señaló que la represión se intensificó con el relanzamiento del plan “Furia Bolivariana” en enero de 2024, que institucionalizó prácticas como desapariciones forzadas y amenazas públicas. Provea también registró un aumento del 1.347,8% en violaciones al derecho a la libertad personal, con 2.635 casos, y un incremento del 671,42% en desapariciones forzadas respecto al año anterior.
Elecciones de 2024: erosión de los derechos civiles y políticos
En el informe, la ONG recordó que en el contexto electoral de 2024, lejos de ser una oportunidad para la recuperación democrática, se convirtió en un punto crítico de erosión de los derechos civiles y políticos.
Las protestas postelectorales, que reclamaban claridad en los resultados, fueron reprimidas con violencia, consolidando lo que Provea describe como un “secuestro de la voluntad popular”.
Los venezolanos apostaron por un proceso electoral que, según Provea, debía abrir caminos para superar la crisis, restablecer la institucionalidad y recuperar el Estado de Derecho. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro obstaculizó esta ruta desde el inicio.
El desconocimiento de los Acuerdos de Barbados, la inhabilitación inconstitucional de María Corina Machado, la negativa a inscribir a Corina Yoris como candidata opositora y la falta de garantías electorales marcaron el proceso, según se lee en el informe de la organización no gubernamental.
“La respuesta del Estado a este proceso, digamos democrático, que expresaba la convicción pacífica de búsqueda de una salida pacífica y el Estado respondió con la mayor represión que hemos registrado en años. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la represión después del 28 de julio rompió todos los récords. También durante varios meses se extinguió el Estado de derecho, el debido proceso dejó de existir”, aseguró Oscar Murillo.
El documento señala que tras los comicios del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria de Maduro en un proceso opaco, desatando protestas masivas. La represión posterior aplastó estas manifestaciones, configurando, según el informe, un punto máximo en la destrucción de la democracia y la soberanía popular.
“El relanzamiento del plan ‘Furia Bolivariana’ intensificó la persecución política, con el uso de legislación antiterrorista y la Ley Contra el Odio para procesar a cientos de detenidos”, dice el documento.
Provea registró prácticas de terrorismo de Estado como amenazas oficiales, cercos policiales y militares en comunidades pobres, que afectaron la rutina diaria. Para la organización estas acciones consolidaron un clima de miedo y control social que limitaron la libertad de expresión y el derecho a la protesta ciudadana.
Crisis social y derechos laborales
El cierre de espacios democráticos impactó gravemente los derechos sociales. Según la Encuesta de Hogares de HUM Venezuela, el 86,9% de la población vivía en pobreza por ingresos en 2024, y el 70,6% en pobreza extrema.
“43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria. 10% de los niños tienen bajo peso para la talla”, añadió Lissette González.
El estancamiento del salario mínimo, en un contexto de alta inflación alimentaria, limitó el acceso a alimentos. Venezuela figura entre los diez países con mayor inflación en este rubro, según las estimaciones del Banco Mundial.
En el ámbito laboral, el gobierno eliminó conquistas como prestaciones sociales, cajas de ahorro y convenciones colectivas, que afectaron de igual manera a jubilados y pensionados. Provea documentó persecución política contra trabajadores, con 395 empleados públicos despedidos por expresar opiniones opositoras o cuestionar los resultados electorales. Estos enfrentaron hostigamiento, renuncias forzadas y detenciones arbitrarias, a menudo acusados de terrorismo.
“En el tema de la seguridad social los venezolanos no cuentan con un sistema de seguridad social efectivo. Si sumamos los bonos que se entregaron en 2024, solo habría recibido 92 dólares a lo largo de todo ese año. Eso no alcanza para la alimentación de un mes de una familia”, explicó González.
El derecho a la salud mostró un colapso estructural del sistema sanitario público, con más del 80% inhabilitado para prestar servicios. La falta de personal médico, desabastecimiento de insumos y deficiencias en infraestructura, como agua y electricidad, impidieron una atención adecuada, según se detalló en la presentación del informe.
Violencia institucional y perspectivas futuras
La violencia policial y militar causó 522 asesinatos en 2024, con un uso excesivo de la fuerza que, según Provea, podría constituir crímenes de lesa humanidad. En los últimos cinco años, 6.414 personas han sido asesinadas por fuerzas de seguridad, justificadas como “enfrentamientos” por las autoridades.
Para 2025, Provea prevé retos significativos debido al aumento de la represión, el cierre del espacio cívico y la persistente emergencia humanitaria. La agudización de la crisis económica y política podría generar nuevos ciclos de conflictividad, con riesgo de más violaciones si se responde con autoritarismo.
El informe subraya la necesidad de un movimiento de derechos humanos fortalecido para enfrentar estas circunstancias.
Provea reiteró la importancia de preservar espacios plurales y reconstruir el tejido social, sin ignorar las violaciones ni aceptar la impunidad. La discusión sobre temas como educación, salud y progreso económico permanece suspendida, beneficiando solo a sectores privilegiados. El informe enfatiza que solo en democracia se pueden recuperar los derechos sociales.