En el 57º período de sesiones del viernes 13 de septiembre, Jimmy Alexanders Hernández, uno de los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro ante el Consejo de DD HH de las Naciones Unidas, aseguró que en el país se garantiza «el buen vivir» de los adultos mayores a través de la “atención integral” dada por el Estado.
Hernández sostuvo, que, "en la República Bolivariana de Venezuela, gracias a la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, se garantiza el respeto a la dignidad humana de los adultos mayores y el pleno ejercicio de sus derechos, reconociendo su autonomía y el libre desenvolvimiento de su personalidad, a través de la atención integral que debe brindar el Estado.
Y que además, el Plan de la Patria 2019-2025 establece como una política estructural la protección plena de las personas de edad, garantizando su autonomía, independencia y envejecimiento digno».
Respeto a la dignidad
Contrario a lo que afirman las autoridades, la población de tercera edad es una de las más vulnerables en Venezuela. Desde el año 2022, los pensionados que no están registrados en el Sistema Patria reciben Bs 130 -tomando como referencia el salario mínimo-, equivalentes a 3,50 dólares al cambio oficial (Bs 36,74).
Pero aquellos que sí cuentan con Carnet de la Patria también cobran el Bono de Guerra Económica, así como otras bonificaciones. No obstante, estos beneficios no bastan para cubrir los productos de primera necesidad.
Para junio de este año, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calculaba que la canasta básica para un pensionado rondaba los 587,78 dólares.
En consecuencia, los adultos mayores requieren de otras fuentes de ingresos para sobrevivir. La evaluación del año 2023 sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela, elaborado por la asociación civil Convite, revela que de 1.535 entrevistados en 19 ciudades del país, 579 personas se encuentran laborando, especialmente de manera informal: servicios a domicilio, buhonería, albañilería o pequeños emprendimientos.
El 75% son apoyados por familiares
Asimismo, 75% de las personas mayores entrevistadas manifestaron estar siendo apoyados económicamente por sus familias, tanto las que permanecen en el país como las que están en el exterior, mientras que 24% indicó que se ayudan con varias alternativas (pidiendo prestado y otras).
La falta de independencia económica se traduce en una alimentación precaria. Convite encontró que 51% de los adultos mayores consultados «se ha visto en la necesidad de reducir porciones de comida para que les alcance». Ni siquiera los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) cubren la demanda.
Los consultados dijeron que el beneficio solo les dura unos 15 días y las reciben una vez al mes, aunque a veces los tiempos de entrega pueden ser mayores y pueden estar hasta tres meses sin recibir estos alimentos.
También los adultos mayores enfrentan limitaciones en el acceso a la salud. 92% de los consultados manifestó no tener póliza de salud debido a sus altos costos. La mayoría acude a ambulatorios o dispensarios privados de costos bajos o moderados y a hospitales públicos para atender su condición de salud.
El 51% de personas entrevistadas compra los medicamentos que requiere con mucha dificultad, 26% solo puede adquirir algunos de los recetados y 10% los adquiere fácilmente. De igual modo, 61% admitió que no acude a consultas médicas periódicas para controlar su condición de salud.
¿Son suficientes las medidas del gobierno para favorecer a los adultos mayores?
El gobierno lanzó en 2011 la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (GMAMV), cuyo fin es otorgar pensiones de vejez y discapacidad a todos aquellos adultos mayores que no lograron cotizar en el IVSS, especialmente a quienes viven en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo.
En la edición 2023 de su informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la ONG Provea señala que la GMAMV es un foco de opacidad al no publicarse el registro de beneficiarios, los criterios de elegibilidad ni la distribución geográfica, entre otros aspectos. Para el período en estudio, 211.742 adultos y adultas mayores fueron incorporados como pensionados de esta misión: 24.092 pensionados menos que el año anterior (235.834).
La misión no ataja el problema real, sino que promueve el asistencialismo bajo la figura de cobertura de la seguridad social. Tal como señala el informe de Provea, los bonos como mecanismo de protección social son una fórmula ineficaz porque ese dinero no permite cubrir los productos de primera necesidad. Por el contrario, estimula el proceso inflacionario que generan la impresión de dinero inorgánico, los controles y las cadenas de suministros, entre otros aspectos.
Además, la implementación del Carnet de la Patria en el marco de la GMAMV ha derivado en irregularidades en el sistema de seguridad social:
«Se han registrado irregularidades perpetradas por funcionarios del IVSS, quienes estarían solicitando el Carnet de la Patria a aquellas personas que intentan procesar el trámite de ‘pensión por vejez’ habiendo cumplido los requisitos de ley (años de edad y semanas cotizadas). No solamente se ha solicitado el documento para procesar las correspondientes pensiones, sino que, además, se ha denunciado que algunas instituciones bancarias públicas, donde muchas de las personas pensionadas cobran el beneficio, estarían solicitando el Carnet de la Patria para entregar el dinero correspondiente», indica un reporte de Transparencia Venezuela publicado en 2018.
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