Un derecho tras otro vulnerado. En eso se resume el año que este domingo 9 de febrero cumple en prisión la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Aunque organizaciones como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones en Venezuela han exigido la liberación de la abogada y activista, se mantiene tras las rejas.
El derecho a la libertad personal y al de su integridad física fueron los primeros que se le violentaron. El codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, recordó que antes de la detención en el aeropuerto internacional de Maiquetía hubo una desaparición forzada que, además, no ha sido investigada.
El 11 de febrero de 2024 El fiscal general, Tarek William Saab, publicó en su cuenta en X que San Miguel había sido arrestada por tener una orden de aprehensión en su contra al estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.
Un año de la detención de Rocío San Miguel
Lo que no dijo en esa oportunidad fue el lugar de reclusión por lo que se advirtió que se trataba de una desaparición forzada.
Familiares de la activista denunciaron que también estaban detenidos su hija Miranda Díaz San Miguel, sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel, el padre de su hija Víctor Díaz Paruta y el exesposo de San Miguel, Alejandro González.
Lee también: Rocío San Miguel es mostrada en fotos por primera vez desde que fue detenida
También se le violó el derecho a la presunción de inocencia. Rocío San Miguel es inocente hasta que se demuestre lo contrario y hasta ahora no ha habido una sola prueba ni elemento que pueda revertir esa presunción.
“Una de las cosas que se dijo es que tenía mapas, pero ella es profesora universitaria y además da clases sobre temas de frontera. Con esto está plenamente justificada la posesión de esos mapas. Además, poseer un mapa no es ningún delito en sí mismo, de modo que tampoco es un prueba absolutamente de nada”.
Sin cumplir con la ley
Lo siguiente fue una audiencia de presentación en tribunales a destiempo. El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela establece que los detenidos deben ser presentados ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su detención. A San Miguel la presentaron la noche del 12 de febrero.
Así lo informó Saab, una vez más, en su cuenta de X. Entre los detalles que dio destacan que fue presentada ante el tribunal segundo con competencia en materia de terrorismo. Se le solicitó medida privativa de libertad por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros.
También dijo que se imputó a Alejandro González por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Al resto de sus familiares les impuso de medidas cautelares sustitutivas de presentación periódica ante el tribunal.
Luego de su presentación en tribunales, al no permitírsele el nombramiento de una defensa privada, que es su derecho, se le violó el debido proceso y a ser asistido por abogado.
Sin visita consular
Además de la venezolana, San Miguel tiene la nacionalidad española y, aunque su abogado defensor no pudo constituirse en la causa, alertó que la activista no ha recibido la visita consular ni la asistencia jurídica del personal diplomático en Venezuela que debe tener al ser española. Otro derecho vulnerado.
“Eso no es solamente una prerrogativa del estado que tiene el consulado en ese país, sino que es un derecho humano y así ha sido reconocido por Naciones Unidas, el derecho a la asistencia consular”, resaltó Daniels.
De hecho, existen países en los cuales se han revertido condenas judiciales porque no se ha cumplido la visita consular. El codirector de Acceso a la Justicia recordó que en Estados Unidos hay varios casos en los que se han revertido decisiones porque la persona no había sido avisada de que tenía derecho a pedir la asistencia consular.
Lee también: Provea exige medida humanitaria y libertad para Rocío San Miguel
Proceso lento
Este domingo 9 de febrero, a un año de la detención de Rocío San Miguel, Daniels expresó que no hay ningún adelanto en el proceso judicial y, por lo tanto, no se está cumpliendo con los lapsos procesales que establece la ley.
A esto se suma que, sin antecedentes penales, si existe un juicio contra ella debió hacerse en libertad. Ahí se puede evidenciar otra violación al debido proceso.
El derecho a la salud y a la vida también se ha comprometido ya que no ha sido atendida debidamente y el estado tiene la obligación de hacerlo con todas las personas que están bajo su responsabilidad.
“Y no es posible que a esta fecha ella todavía no tenga la atención médica que necesita, con lo cual su derecho a la salud y a la integridad de su vida se violan, porque obviamente si no se cuida su salud también corre peligro su vida”.
