El 24 de julio pasado, el canciller Félix Plasencia informó sobre la decisión del Ejecutivo de denunciar el Estatuto de Roma y, por tanto, "iniciar su retiro definitivo de la CPI". La decisión, aseguró el funcionario, obedece a lo que consideró "sesgo geográfico" sobre países como Venezuela y una justicia internacional «instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía",
El portal Tal cual refiere que las denuncias de Venezuela al respecto no son nuevas. En diversos documentos y espacios, el Ejecutivo venezolano ha verbalizado dicha «instrumentalización» para desechar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que, tanto víctimas, sociedad civil y organizaciones, han señalado a lo largo de los años.
En 2018 seis Estados parte introdujeron una petición para que se evaluara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan (recientemente destituido por denuncias de abuso sexual), informó sobre el inicio de una investigación al respecto.
En ese entonces, Khan también anunció un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro –basado en el principio de complementariedad– para «reformar y revitalizar el sistema penal y de justicia», esto con el objetivo de establecer «una rendición de cuentas genuina en Venezuela a favor de las víctimas de presuntos crímenes».
Bajo ese enfoque, en junio de 2023 se firmó un nuevo memorando de cooperación –que no es público– y se estableció la creación de una oficina de la Fiscalía en Caracas sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania, y que fue cerrada en diciembre del año pasado.
En todo caso, ¿la decisión de la administración de Delcy Rodríguez frena la investigación dentro de la CPI? La respuesta es que no. El Estatuto de Roma, el instrumento que creó y rige el trabajo de la Corte, establece en su artículo 127 que una vez denunciado el Estatuto al secretario general de Naciones Unidas debe transcurrir un año para que se haga efectiva.
Sin embargo, esto no exonera a los Estados parte –en este caso a Venezuela– de las obligaciones contraídas antes de esa denuncia. Es decir, ni los exámenes, investigaciones o enjuiciamientos penales así como las obligaciones financieras se disuelven.
Sobre Venezuela se investigan en particular denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual contra decenas de personas en un contexto de persecución política. El pasado 28 de mayo, en un encuentro con medios nacionales, el vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang dijo que la investigación "sigue avanzando satisfactoriamente", a un ritmo pleno "y con total dedicación".
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