La administración de Delcy Rodríguez presentó la noche del 28 de julio un balance de sus primeros 200 días de gestión, un período marcado por la captura previa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a manos de fuerzas militares de Estados Unidos.
El portal El Pitazo cita que en un informe, difundido a través de un video del Ministerio de Información y Comunicación en redes sociales, asegura que se alcanzaron grandes avances en materia social, económica, productiva y de seguridad ciudadana.
Sin embargo, al confrontar estos anuncios con el día a día en la calle y con indicadores independientes, los datos oficiales se desmoronan.
Ley de Amnistía
Uno de los logros bandera fue la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual supuestamente benefició a 8.084 personas. No obstante, este número carece de verificación independiente, pues los datos recabados con anterioridad por defensores de derechos humanos y familiares reflejan una realidad distinta, marcada por la opacidad institucional y la imposibilidad de confirmar las identidades de los liberados.
Hasta el 13 de junio, la ONG Foro Penal registraba la excarcelación de apenas 894 personas que habían sido detenidas arbitrariamente por razones políticas. Aunque posteriormente se han contabilizado otras liberaciones, la cifra real dista de la versión gubernamental. De hecho, para el 8 de julio, la organización reportaba que al menos 347 hombres y 25 mujeres continuaban tras las rejas por motivos políticos.
Mientras tanto, decenas de familiares mantienen vigilias a las afueras de prisiones como Yare, El Rodeo, Tocuyito, Tocorón, el INOF y Las Crisálidas, exigiendo la libertad de sus parientes. Estas protestas han llegado incluso a las puertas de la Embajada de Estados Unidos como una medida de presión para solicitar su intervención.
Ajustes salariales
El Ejecutivo también anunció un ajuste del 40% para los pensionados y un incremento del 50% en el ingreso mínimo. No obstante, el salario mínimo real no sufrió modificación alguna y permanece congelado en 130 bolívares mensuales (apenas 0,17 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela) desde el año 2022. El ajuste anunciado se aplicó exclusivamente a las bonificaciones gubernamentales, una política que carece de incidencia legal en el cálculo de prestaciones sociales, aguinaldos o utilidades.
Incluso con este ajuste de bonos, que promedia el llamado «salario integral» en 240 dólares, el ingreso es insuficiente para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar, la cual se ubicó en 756,45 dólares en junio para un hogar de cinco miembros, según el Cendas-FVM.
A esto se suma el repunte inflacionario: en junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el BCV volvió a registrar dos dígitos con una variación mensual del 13,8%.
Con este indicador, la inflación acumulada del primer semestre de 2026 escaló a un alarmante 129,82%, lo que significa que el costo de la vida en el país superó el doble de su valor en solo seis meses.
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