La policía española podrá requerir a entidades bancarias la información financiera de las cuentas vinculadas al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas y a su secretaria, María Gertrudis Alcázar, durante las pesquisas sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, luego de una autorización emitida por el juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, este miércoles.
Reseña la web de El Nacional que, según consta en un auto al que tuvo acceso la agencia EFE, el magistrado ordenó recabar los movimientos bancarios efectuados desde el primero de enero de 2020 en decenas de cuentas de más de diez entidades. La medida alcanza a Rodríguez Zapatero, a sus hijas, al empresario Julio Martínez y a sociedades vinculadas a este último.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española busca cruzar estos registros con los flujos de dinero ya detectados, los cuales apuntan a presuntas transferencias de cientos de miles de euros hacia el exmandatario y su entorno familiar. Los investigadores sospechan que estos pagos formarían parte de un entramado de tráfico de influencias.
El juez Calama investiga si Rodríguez Zapatero lideró una red para favorecer ilícitamente a Plus Ultra y a otras firmas a cambio de contraprestaciones económicas. La causa se ha extendido tras el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho, así como por presuntas intermediaciones irregulares en Bolivia y Venezuela.
“Una estructura organizada y estable”
En la resolución judicial, Calama aprecia indicios de “una estructura organizada y estable, dirigida por Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, entre los que figura la propia Plus Ultra, además de sociedades como Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
De acuerdo con las investigaciones, estas compañías habrían retribuido tales favores mediante “contratos de asesoría simulados”, mecanismos que permitían justificar fondos cuyo destinatario final eran el expresidente y la firma Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.
La operativa se habría articulado a través de un entramado societario bajo el control de Julio Martínez Martínez, señalado no solo como canalizador de los recursos, sino como “persona de confianza de Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.
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