Pernoctar en el Penal de Tocuyito, estado Carabobo, es el día a día de José López*. Al despertar, lo primero que hace es sentarse a ver la cárcel, y al dormir, ya sea en las calles o en refugios cercanos, lo último en lo que piensa es en su hijo, que permanece encerrado.
Efecto Cocuyo reseñó que José dejó su trabajo y ahora se dedica a acompañar a su hijo, de 19 años, desde la distancia. Primero durmió frente a un comando de la policía, cuando el joven, que daba clases de béisbol, fue detenido y golpeado el 30 de julio mientras caminaba con su novia por la calle. Desde el 26 de agosto, duerme a las afueras del penal con la esperanza de que, en algún momento, el gran portón negro del recinto se abrirá y su hijo saldrá.
El hombre ha sorteado poco a poco los retos de su nueva rutina. Conoce a todos los familiares y saluda con una sonrisa a quienes llegan, aunque reconoce que estar allí lo ha transformado: “Con tanta injusticia, uno lo que siente es ira con lo que está pasando. Que tu hijo esté metido en un penal de gratis, sin hacer nada, padeciendo, sufriendo, enfermándose, durmiendo mal”.
El amor de un padre
El papá tiene marcadas ojeras que, con el paso del tiempo, se han profundizado. Su voz es baja, reflejo de las largas jornadas. No le dice a su familia que empezó a tener fiebre o dolor en los huesos porque, para él, todos están sufriendo por igual, tanto los que están dentro como los que están afuera. “No me doblegaré, y aquí estaré hasta que él salga”, dice.
José no puede describir qué es el amor de un padre porque, según él, el sentimiento solo lo conocen quienes han tenido hijos. Solo pide una cosa: la libertad de todos los muchachos que están ahí, ya que es una lucha para todos, no para uno solo.
La única forma que tiene de saber cómo está su hijo es a través de su mamá, que acude a las visitas cada 15 días a pesar de su avanzada edad. Intentó ingresar, pero le dijeron que no dan permiso a los hombres. “No es justo, porque ellos nada más no tienen madre, tienen a su padre que también los aman”, sentenció.
El Internado Judicial de Carabobo (Penal de Tocuyito) y el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) concentran la mayor cantidad de presos políticos postelectorales. En ambos centros, a los familiares hombres se les ha negado el acceso a las visitas. Foro Penal, organización dedicada a la defensa de personas presas políticas, contabilizó mil 877 privados de libertad por razones políticas luego de una segunda ronda de excarcelaciones en el país.
Un hijo por una moto
El 30 de julio, la vida de Carlos Álvarez* cambió. A su hijo, de 22 años, lo llamaron de su trabajo notificándole que debía asistir al día siguiente, pero no contaban con combustible. En su camino hacia una gasolinera en Los Guayos, estado Carabobo, fue interceptado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“El procedimiento es llevarse a todo aquel que esté en la calle”, le dijeron los funcionarios. “¿Cómo te vas a llevar la moto si es mía? No estamos haciendo nada malo y estoy sin gasolina”, les cuestionó Carlos.
“Monta la moto en la patrulla”, fue lo que escuchó después; pero, al ver que la motocicleta no entraba, se llevaron a su hijo. Carlos caminó durante dos horas bajo el sol, empujando su moto, hasta llegar a casa. Lo primero que hizo fue buscar a su hijo, que estaba en la PNB de Los Guayos.
En el recinto policial, Carlos solo pudo ver a su hijo dos veces. En una ocasión tuvo que pagar para poder entrar; en la segunda, aprovechó que otros familiares hicieron una visita colectiva. Allí les podían pasar comida y otros insumos. “Ahí les hicieron las audiencias”, explicó.
La familia tuvo que vender la motocicleta, su único medio de transporte, para costear los principales gastos. Ahora dependen de un sueldo mínimo, bonos y ayudas de familiares para comprar comida y pagar pasajes.
Miradas desde la distancia
Para Carlos y su esposa, el traslado al Penal de Tocuyito fue un choque. Su realidad había cambiado radicalmente: esperaron durante un mes noticias de su hijo hasta que les dieron orden de visita.
“Dijeron en ese momento que eran solo femeninas, o sea, mamá, hermanas, suegras. Los hombres no podían pasar. Nunca dijeron el porqué. Hablé con los guardias y los custodios que estaban en ese momento: ¿por qué no nos dejan entrar? Ellos dijeron que no era posible”, detalló.
El proceso de visitas se ha hecho más difícil con el tiempo. Cada 15 días, su esposa ingresa por el portón negro con una botella de 5 litros de agua, una bolsa con dulces y una camisa blanca. Mientras tanto, Carlos, frente a la cárcel, ve a su hijo desde la distancia. “Cuando la GNB se descuida, nos acercamos, hasta que nos despedimos y nos vamos. Esa es la única manera”.
Admite que siempre que lo hace se le revuelve el estómago y empiezan las ganas de lanzarse al penal para sacar a todos los jóvenes que están ahí. “¡Yo solo no puedo hacer nada! Me voy con tristeza porque me provoca llevarme a mi muchacho y no puedo. Tengo que esperar”.
Muchos jóvenes, con el tiempo, han desarrollado señas para avisar a su familia que están bien desde los pocos pabellones visibles del penal. Mamás de otros detenidos denunciaron que los custodios, al darse cuenta de los saludos, les golpean las manos desde el techo con algún objeto.
¿Se puede negar el derecho de ver a un familiar?
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), explicó que la negación de visitas a familiares masculinos es una norma impuesta por el Ministerio de Servicio Penitenciario desde el año 2012, aplicada en todos los penales donde existe un régimen penitenciario. Esta normativa se implementó en Yare, Tocuyito y Tocorón.
Según Prado, la norma vulnera el derecho de todos los privados de libertad (comunes o políticos) de ver a sus padres, parejas, hermanos o hijos. Declaró que la limitante, además de obligar a las mujeres a hacerse cargo de todo, genera un alejamiento de la familia. En casos donde el único apoyo familiar podría ser un hombre, el resultado es el abandono total del detenido.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RM) son los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La regla 58, que regula el contacto con el mundo exterior, establece que periódicamente “los reclusos tienen derecho a comunicarse con sus familiares y amigos por los siguientes medios: correspondencia escrita; medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otro tipo que estén disponibles, y visitas”.
Prado resaltó que las Reglas Mandela en ningún apartado mencionan que los hombres no pueden ingresar a un establecimiento.
El Código Orgánico Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial del 28 de diciembre de 2015, en su capítulo VI aborda las visitas de los privados de libertad. En su artículo 109 describe que «podrán ser visitados por los familiares, de su círculo de relacionados, amistades, defensoras públicas o defensores públicos o privadas o privados, que los asistan y cualquier otro funcionario o funcionaria del Estado que, en razón del ejercicio de sus funciones, lo amerite…».
“Esto es parte del reglamento y, durante todo el capítulo que está dedicado a las visitas, por ningún lado habla de que se prohíba la visita de los hombres, por lo que no es solamente una violación a sus derechos humanos, sino que además es una violación a las normas internacionales y a las mismas leyes venezolanas”, manifestó Prado.
Pocas excarcelaciones, muchas familias
Con los ojos cristalizados y su mirada fija en la imponente estructura donde apenas se ve movimiento, Carlos aclara que no es egoísta, pero, a su juicio, la mayoría de las excarcelaciones de presos postelectorales han sido de personas de otros estados del país.
Pide que las autoridades tomen en cuenta a los jóvenes carabobeños que, como su hijo, son inocentes.
“Si hubiesen sido terroristas, los hubieran agarrado con granadas, armamentos, chalecos, y ninguno fue así. Mi hijo pertenece a la causa de los 103. Si nos ponemos a analizar, unos fueron detenidos en Guacara, otros en San Diego, Naguanagua, y a todos los asociaron. ¿Cómo se explican que unos funcionarios se dividieron para agarrar a 103 personas?”, cuestionó Carlos.
La causa de los 103 se vincula con un presunto ataque a un galpón en Guacara, estado Carabobo. Cinco mujeres y 98 hombres, recluidos en el Internado Judicial de Carabobo, fueron relacionados en el caso. Aunque el suceso ocurrió el 29 de julio, en días posteriores hubo detenciones en Los Guayos, San Diego, Naguanagua y otros municipios del estado.
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Misma causa, diferente historia
El hijo de Miguel Blanco* fue a comprar unas medicinas para un absceso (acumulación de pus) cuando fue abordado el 30 de julio por un grupo de efectivos de distintos cuerpos policiales en Los Guayos. “Yo tengo testigos. Fui a buscarlo cerca de mi casa y los mismos funcionarios me dijeron que no saliera porque, si no, me iban a llevar a mí también”, aseguró.
En la PNB de Los Guayos, donde su hijo estuvo un mes, solo lo pudo ver una vez. Miguel se niega a decir su nombre por seguridad, pero recalca que fue incluido en la causa de los 103 sin pruebas. Después del traslado al penal, no ha podido ver al joven de 19 años que estudia en la Universidad de Carabobo (UC).
Contó que, para la fecha, las familias tuvieron que seguir los autobuses para saber a dónde lo llevaban. “Pa’ Tocuyito”, gritó uno de los recluidos tras las elecciones. Desde la distancia, pudo ver cómo su hijo llegaba. Su esposa ahora es quien puede verlo.
A Miguel le cuesta hablar de su sentir como padre. A pesar de que, a su avanzada edad, se ve decidido, reteniendo las lágrimas, comparte que viaja una hora con su esposa todos los días para pasar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a las afueras del penal. Sin ver a su hijo, desempleado y con limitaciones económicas, toma el transporte público con la esperanza de que haya más excarcelaciones.
—¿Sabe por qué no pueden ingresar a las visitas?
—¡No sé! ¿Será que ellos piensan que nosotros vamos a tomar el penal de Tocuyito? Pero somos padres de familia que de verdad queremos la libertad de nuestros muchachos. Yo no he preguntado porque no le dan respuestas a ninguno.
—¿Cómo se ha sentido?
—No tengo palabras. Yo voy para cinco meses sin ver a mi hijo, te podrás imaginar. Cinco meses. Eso es grave para un padre como yo. Hago lo posible por mi hijo.
Derechos vulnerados
Luis Armando Betancourt, director adjunto del Foro Penal y coordinador en el estado Carabobo, dijo que, aunque cada centro tiene normas internas, luego de las detenciones postelectorales han observado que, con los presos políticos, se han alejado de los principios relativos al respeto a la dignidad humana.
Recordó que hay privados de libertad que solo tienen tíos, abuelos o hermanos, y que estos han tenido que pedir a mujeres que sean medios de comunicación entre el privado y el familiar directo, cuando los privados de libertad tienen derecho a comunicación escrita o privada con sus familiares y abogados.
Foro Penal ha identificado las limitaciones en visitas, entrega de alimentos, comunicación, información oficial por parte del o la directora, y el hermetismo en situaciones de salud. "Todas estas cosas no sólo quebrantan la ley, sino que generan una situación de angustia en los familiares, que, además de tener a un ser querido preso injustamente, también se les priva de otros derechos".
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“Nuestro llamado es a que el director o las autoridades permitan la visita de los familiares, cualquiera que sea su género, incluso hasta los niños y niñas que quieran ver a sus padres o madres. Estamos en una fecha de unión familiar; las navidades llaman al reencuentro, a la paz y a la solidaridad, también a la empatía y a ser cada día más justos contra la injusticia. Sí, debemos insistir en la liberación de todos los presos políticos, pero, mientras sigan presos, permitan por lo menos las condiciones y derechos que establecen la Constitución y la ley”, concluyó Betancourt.
¿Tocuyito y Tocorón son centros de máxima seguridad?
Prado mencionó que los centros penitenciarios pueden ser clasificados como de mínima, media y máxima seguridad. Los sistemas totalmente cerrados (de máxima seguridad) son más restrictivos y rigurosos, por lo que son aplicados a personas con una sentencia firme o quienes están en prisión preventiva, calificados de seguridad extrema o inadaptación a los demás regímenes de vida.
Para la clasificación debe estudiarse la naturaleza de los delitos cometidos, afiliación con bandas delictivas o armadas, participación activa en motines, agresiones físicas, destrucción del establecimiento, introducción o posesión de armas de fuego y tenencia de estupefacientes.
Sobre la aplicación de esta categorización a presos políticos, Padro respondió que ninguna persona detenida arbitrariamente reúne el perfil para estar en un sistema cerrado. “Sus familiares carecen de información de cada una de las personas que permanecen detenidas, hasta el punto que lo último que han hecho es comenzar a chantajearlos y amenazarlos para que no denuncien”.
Estudiantes, deportistas y trabajadores permanecen recluidos en el Penal de Tocuyito. Se estima que, tras las rondas de excarcelaciones, más de 400 hombres siguen detenidos. Aunque muchos eran el sustento de su hogar y familia, actualmente se enfrentan a penas de hasta 30 años por terrorismo.
(*) Los nombres mencionados en este texto se modificaron a petición de las fuentes para proteger su identidad.
