"Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa".
Montesquieu (1689-1755)
El café del domingo suele acompañarse con el peso de la realidad nacional. Entre las páginas de la prensa, surge con recurrente insistencia una palabra que, bajo un barniz de "reconciliación" o "paz social", esconde una trampa semántica y jurídica de proporciones alarmantes: amnistía.
En el tablero político actual, se presenta la amnistía como la panacea para cerrar heridas, como el puente necesario para transitar de la confrontación al sosiego. Sin embargo, cuando se despoja al término de su ropaje retórico y lo se somete al rigor del análisis, se descubre que lo que se ofrece no es un bálsamo, sino un veneno para lo que debiera ser una REPÚBLICA.
La gestión de la paz dentro de una REPÚBLICA pide fundamentarla sobre la realidad de la justicia.
La etimología del olvido
Para entender la perversión del uso actual del término, se debe acudir a su raíz. La palabra amnistía proviene del griego amnestia, que significa literalmente "olvido". Comparte origen con "amnesia". En el ámbito del Derecho, la amnistía es un acto del poder soberano que extingue la responsabilidad penal de ciertos delitos, ordenando el olvido oficial de la infracción y la pena.
Es, en esencia, un borrador institucional. Un ejercicio donde el Estado decide que, por razones de "conveniencia política" o "paz superior", ciertos hechos dejan de existir para la justicia. Pero aquí yace el primer gran escollo: no se puede olvidar lo que no ocurrió, ni se puede perdonar a quien no ha pecado.
El inocente ante la "gracia" de la amnistía
Existe una contradicción lógica y moralmente devastadora en la idea de amnistiar a ciudadanos cuyo único "delito" fue ejercer un derecho constitucional: protestar. Jurídicamente, la amnistía presupone la existencia de un delito y, por ende, de un delincuente. Al aplicar este mecanismo a personas que se limitaron a defender la institucionalidad, a protestar contra el atropello o a denunciar la deriva autoritaria, el Estado está cometiendo una doble agresión.
Primero, les arrebata su condición de inocentes. Al ser "amnistiados", entran en el saco de quienes han sido perdonados por una falta. Segundo, se valida la narrativa del abusador: se acepta implícitamente que la resistencia civil o la disidencia política fueron actos criminales que ahora, por "generosidad" del poder, se deciden ignorar.
Amnistiar al inocente es una aberración. Es una manera sofisticada de humillación pública donde la víctima es obligada a aceptar un indulto por crímenes que jamás cometió, mientras que el verdadero delincuente se lava las manos bajo el manto de la "concordia". No es justicia; es un intercambio de impunidad por silencio.
La REPÚBLICA herida y la falsa dicotomía
La noción de REPÚBLICA no es un adorno discursivo. Parte de una premisa innegociable: la existencia de poderes públicos independientes y limitados. Cuando esa independencia se rompe, cuando el sistema judicial se convierte en el brazo ejecutor de una facción, la ley deja de ser un escudo para el ciudadano y se transforma en un mazo.
Así es la realidad existente aquí desde cuando se hizo “constitucional” la existencia de “las ramas del poder público”; es decir: un poder, en vez de varios poderes independientes.
En este contexto, quienes se alzaron —no en rebelión violenta, sino en el uso legítimo de sus facultades constitucionales— para frenar la destrucción de la REPÚBLICA, no necesitan "olvido". La amnistía, en este escenario, se intenta vender como la herramienta para evitar una supuesta "revancha" contra quienes oprimieron indebidamente a otros.
Es aquí donde el lenguaje se vuelve tramposo. Se pregunta si se quiere "paz" o "venganza". Pero esa es una falsa dicotomía. La opción alternativa al castigo arbitrario no es el olvido cómplice; la opción alternativa es, y siempre debe ser, la JUSTICIA.
Justicia vs. Revancha
La justicia no es revancha. La revancha es pasional, desmedida y busca el daño por el daño. La justicia, en cambio, es institucional, proporcional y busca la verdad.
Propugnar por la amnistía para ocultar el desmantelamiento de las instituciones es sembrar las bases para que el ciclo de opresión se repita. Si quienes destruyeron la separación de poderes, a partir de la “constituyente”, quienes persiguieron la disidencia y quienes pisotearon la Constitución reciben el beneficio del "olvido", lo que se está enviando es un mensaje de absoluta permisividad: en este suelo, destruir la REPÚBLICA no tiene consecuencias. Acaso, ¿es así como debe ser y como debe quedar el asunto (por demás “histórico”)?
El imperativo de la verdad
Lo que la sociedad demanda no es un decreto que borre el pasado, sino un proceso que lo esclarezca. La justicia implica:
Reconocimiento: que se admita que hubo actos indebidos (por extralimitados).
Reparación: que quienes fueron perseguidos injustamente vean restituido su honor y sus derechos, no por "clemencia", sino por derecho propio.
Responsabilidad (lo que deriva de ser sujetos hábiles para responder por lo hecho y por lo dejado de hacer): que quienes abusaron del poder rindan cuentas ante tribunales independientes.
Sólo a través de la JUSTICIA se puede reconstruir el tejido social. La amnistía, por el contrario, deja la herida abierta y mal curada, cubierta apenas por una gasa de hipocresía legal que se desprenderá al primer roce de la historia.
Conclusión:
No se puede permitir que el lenguaje de la paz sea utilizado para consagrar la impunidad. Si se acepta la amnistía como solución a la crisis de la REPÚBLICA, se está aceptando que la ley es un juguete de quienes ostentan el mando.
La REPÚBLICA se define por la verticalidad de sus jueces y la sujeción de todos -absolutamente: todos- a lo estatuido por escrito. Invocar el olvido es invocar la oscuridad. Lo que se necesita es luz, es verdad, es la balanza equilibrada. En definitiva, no se quiere el perdón de quien no tiene autoridad moral para otorgarlo sobre crímenes inexistentes.
El título de nuestra próxima etapa histórica no puede ser el olvido. Debe ser, con todas sus letras y con toda su fuerza: JUSTICIA DENTRO DE LA REPÚBLICA.
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