Lo ocurrido en 2010 en el Colegio Los Robles nada tiene que ver con el proceso legal actual

Lo que ocurrió en el Colegio Los Robles en el año 2010 nada tiene que ver con el proceso legal que mantienen los asociados de la unidad educativa en la actualidad. Así lo aclaró presencialmente, y por escrito, Carmelo Moneo, al defender su condición de socio mayoritario de la institución y presidente de la asociación civil sin fines de lucro.

Moneo acudió a El Carabobeño en compañía de los accionistas Claudio Aberer, representante de Anton Aberer; y Rafael Feo La Cruz Polanco; y de los abogados Rayglint Mora y . Solicitó un derecho a réplica con su versión, la misma que le fue solicitada por este medio de comunicación, de manera insistente, a través de cartas enviadas al colegio y sus oficinas administrativas, y de correos electrónicos, antes de hacer la publicación anterior.

Lo ocurrido en 2010 en el Colegio Los Robles es pasado

Aquí fue tajante. Moneo aclaró que nada tiene que ver con los problemas de los accionistas suscitados antes que él apareciera en escena, en el año 2021. En esa fecha compró el 58% de las acciones que Gustavo Zambrano decía que le pertenecían y con eso pasó a ser el accionista mayoritario de uno de los colegios que llegó a tener más prestigio en la entidad.

El Carabobeño ha realizado tres publicaciones en torno a la situación del emblemático Colegio Los Robles de Valencia y en cada una de ellas se solicitó la versión de Moneo. En la primera, padres y representantes mostraron su preocupación por lo que consideraban supuestas presiones de los nuevos accionistas. Alegaban que la presencia del nuevo cuerpo de seguridad asustaba a los alumnos. Los definían como un grupo de hombres vestidos de negro y supuestamente armados, aunado al hecho de que en reiteradas oportunidades vieron funcionarios policiales dentro del colegio. “Lo usan para su intimidación, con personal de seguridad que duplica al que teníamos y hasta con la presencia constante de policías", denunciaron. En representación del accionista mayoritario, el nuevo administrador, Alberto Rengifo, dijo que lo que sucede en el Colegio Los Robles es consecuencia de problemas administrativos y de problemas entre la junta directiva que no debieron trascender.

Cambio necesario de empresa de seguridad

En esta redacción, Moneo negó las acusaciones y alegó que antes de su llegada las puertas del colegio siempre estaban abiertas, lo cual era inseguro para los estudiantes. "Un día entraron varios motorizados a la instalación". Agregó que las personas encargadas de la seguridad en ese momento eran mayores y no estaban en capacidad de reaccionar. Reconoció que personal de escoltas debió acompañarlo en algunas oportunidades, por la situación de inseguridad que en torno a él asegura que creó el profesor Carlos Ortiz y quienes lo respaldaron.

En la segunda publicación, titulada "Disputa del Colegio Los Robles mantiene a cuatro personas presas desde septiembre", se hacía referencia a violaciones al debido proceso. Fueron denunciadas por los abogados de la defensa en este caso, que ha sido repuesto a la causa inicial en dos oportunidades por la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo.

También se señalaba que el fruto del esfuerzo del profesor Carlos Ortiz, quien tenía 29% de las acciones al igual que Gustavo Zambrano y Albert Bar, 12% de Antón Aberer y 1% de Rafael Feo La Cruz, se esfumó por una triquiñuela brutal de Zambrano. En ese texto se expuso el caso de Wilfredo Salinas, quien habría sido víctima de estafa al intentar comprar el 29% de las acciones que eran propiedad de Alber Bar, para lo cual habría sido intermediario Gustavo Zambrano, quien terminó con un 58% de las acciones.

¿Quién fue la víctima de estafa?

"Si había una disputa legal de la cual tenían conocimiento el señor Ortiz y el señor Zambrano y estos no informaron nada al nuevo socio. ¿Quién es la víctima de estafa?", se pregunta el accionista en un documento entregado en esta redacción. "El señor Moneo desconoce completamente cualquier situación generada en el pasado con la junta directiva anterior", precisa el escrito que suscribe junto a Aberer y Feo La Cruz.

El documento relata que Carmelo Moneo negoció con Gustavo Zambrano en septiembre del año 2021 la compra del 58% del total de acciones del Colegio Los Robles C.A. Así pasó a ser, además, el presidente de la asociación civil sin fines de lucro Colegio Los Robles, según acta de asamblea extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2021, con presencia del 100% de la participación accionaria.

La denuncia actual

Lo que sí es actual, según Moneo, Feo La Cruz, Aberer y los abogados  es que el proceso legal actual está basado en las acusaciones de la Fiscalía Sexta a nivel nacional con competencia plena. Esta imputó a Carlos Ortiz, Mariana Ortiz, Wilfredo Salinas, Amado Petit, Neyla Carvajal  y Juan Carlos Serrano por varios delitos. Fueron señalados por apropiación indebida calificada, hurto calificado, estafa calificada, daños a la propiedad, acceso indebido agravado, hurto electrónico agravado. Todos estuvieron detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Los Guayos, con excepción del profesor Carlos Ortiz, quien por su edad obtuvo casa por cárcel; y Armando Petit, quien no se presentó a las audiencias.

Moneo hizo la denuncia en fiscalía, donde además acusó a Carlos Ortiz por instigación al odio. Aseguró que lo hizo tras una consulta con los socios Feo La Cruz y Aberer y luego de varios intentos de acercamiento con Ortiz. "Pusieron a mucha gente en mi contra".

En su conversación en la redacción de El Carabobeño, los accionistas acusaron a Wilfredo Salinas de participar en el "asalto" a la oficina administrativa, ocurrida en diciembre de 2021. También pusieron en duda su intento de compra de acciones en el año 2010, proceso en el cual habría resultado estafado por Gustavo Zambrano.

Diciembre de 2021

Legalmente, la disputa de los accionistas del colegio Los Robles se centra en los hechos acaecidos en diciembre del año 2021. Ortiz denunció que la nueva administración cambió las claves de las cuentas bancarias y las cerraduras de las oficinas de administración, y envió al personal de vacaciones, sin pagar la quincena ni los aguinaldos al personal.

Los accionistas actuales aseguraron que el director de ese momento violentó las instalaciones con apoyo de Salinas, Petit y Serrano y, con un acta vencida, logró el cambio de claves de las cuentas en las oficinas del banco. Allí también pedía la exclusión de la firma de Gustavo Zambrano, quien ya había vendido sus acciones a Moneo, pero seguía siendo administrador del colegio. Por esta razón, el proceso incluyó a la gerente de la institución, que estuvo detenida durante un fin de semana. La acusación va hacia el aprovechamiento ilícito del dinero de la institución.

A Ortiz lo acusan, además,  de utilizar la cuenta de su sobrina, Mariana Ortiz, para recibir las mensualidades que pagaban los representantes, a quienes aseguran que engañaron para crear una administración paralela en el mes de diciembre de 2021. También ofrecieron descuentos para quienes pagaran en divisas. "Al ver esta acción, esta institución procede con el envío de un comunicado oficial a toda la comunidad ratificando las cuentas bancarias institucionales, donde los representantes debían seguir pagando las mensualidades escolares, pero este comunicado fue tachado como ´falso´ por el director académico a través de las redes sociales, generando incertidumbre a toda la comunidad de padres".

Problemas financieros y admnistrativos

Según dijeron, el atraso en el pago de las nóminas tiene que ver con una acción fraudulenta y de apropiación indebida o desvío de fondos de la que acusan a los imputados. "Fueron miles de dólares desfalcados a la administración de la asociación civil, lo que desde entonces creó problemas financieros, administrativos y contables graves para la institución, ya que esta asociación es la operadora de la Unidad Educativa Colegio Los Robles y responsable de la gestión de los pagos recibidos".

En el escrito se asegura que los problemas comenzaron con el no reconocimiento de la condición de accionista mayoritario y presidente de la asociación civil de Moneo por parte del director Ortiz. "Buscando apoyo en su causa involucró al personal manifestándoles que él había sido estafado, creando una distorsionada realidad, además de fomentar el odio hacia el señor Moneo. A partir de ese momento se inició el caos dentro de la institución, debido a que, al fomentar al personal a luchar por su causa, un grupo de estos docentes alteraban la tranquilidad de la convivencia estudiantil y del clima laboral".

El documento señala que Carmelo Moneo revisó las condiciones de las instalaciones del plantel. Encontró una serie de irregularidades expuestas a través de un informe, que incluye pagos de los años 2019 al jefe de mantenimiento de ese entonces, Amado Petit. "A pesar de ser empleado de la institución realizaba trabajos ´por fuera".

En ese período y en años anteriores el administrador era Gustavo Zambrano. Los accionistas, no obstante, acusaron de las irregularidades, entre ellas las malas condiciones de la infraestructura, a Ortiz. También lo señalaron por pagos ejecutados desde el preescolar Los Roblecitos al director de Los Robles.

La parte académica no quedó exenta. En el escrito se aludió al no cumplimiento de la malla curricular emitida por el Ministerio de Educación y a la contratación de personal no calificado para el ejercicio de la docencia.  Según el documento, hubo mediación de la Zona Educativa y finalmente se acordó el cese de las funciones de Ortiz como director, lo cual se concretó el 9 de diciembre de 2022, con el nombramiento de un director provisional por parte de la ZEC.

El debido proceso

En torno al tema central de la denuncia de la defensa, publicada por El Carabobeño el 5 de febrero de 2025, la violación al debido proceso, el abogado Rayglint Mora aseguró que sólo buscan que se haga justicia. "Nosotros no dilatamos el proceso, quien lo hace es la defensa con apelaciones y recusaciones".

Para el abogado, el hecho de que una persona tenga más de 70 años, que es el caso de Carlos Ortiz, no lo exime de responsabilidad penal. "Hay delitos que no tienen beneficios procesales y sobre delitos graves, cuya pena supera los 10 años, sólo aplican excepciones, como la privación judicial preventiva de libertad". Aseguró que estos delitos por los que estas personas fueron detenidas sí establecen pena de prisión.

El abogado explicó que los accionistas actuales denunciaron ante el sistema de administración de justicia una serie de presuntas irregularidades. El Ministerio Público inició su investigación y realizó unos actos de imputación formal en sede fiscal. Aclaró que las imputaciones también tienen que ver con el delito de instigación al odio, con base en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, por publicaciones en redes sociales.

Tres tribunales, dos anulaciones

Mora detalló que tras las imputaciones hechas por el Ministerio Público se judicializó la causa en el Tribunal Primero de Control de Carabobo. "Se hace una primera audiencia preliminar de la que son debidamente notificados los imputados. Ellos después deciden no presentarse a las audiencias en dos oportunidades más".

-Los abogados dicen que notificaron al tribunal el cambio de representación de la defensa y por esa razón no acudieron a esa audiencia, mientras se ponían al tanto del caso.

-Ellos han cambiado cuatro veces de defensa, lo cual es su derecho. Si ellos hacen cambio de abogados y notifican al tribunal la audiencia igualmente se hace,  estén o no estén. Los últimos abogados ya estaban juramentados para la fecha en la que fueron debidamente notificados. Dos veces no se presentaron a las audiencias y posterior a eso el tribunal emitió la orden de captura. El tribunal ordenó recluir a Carlos Ortiz en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros. El debido proceso ordena detenerlo y ponerlo en la orden del tribunal que lo requiere.

Mora refutó la versión de que el profesor Ortiz fue trasladado el 18 de diciembre de 2023 del Palacio de Justicia, después de 11 horas en las celdas de esa instalación, a la sede del Cicpc, al término de la audiencia preliminar, como denunciaron sus defensores. En su lugar, reiteró que Ortiz estuvo preso en la sede del cuerpo policial, donde acudió voluntariamente, porque había una orden de captura en su contra, surgida de su ausencia en esa audiencia.

-¿Las personas mayores de 70 años tienen beneficios procesales?

-Ciertamente toda persona que tenga más de 70 años es susceptible o acreedora de una medida cautelar por la edad, pero la defensa de Ortiz se tardó en acreditar su edad. 

Posteriormente se hizo la audiencia preliminar en el tribunal primero de control. "Fuimos a juicio pero la defensa apeló. Se dio el auto de apertura en juicio y la Corte de Apelaciones de Carabobo anuló de oficio por primera vez y retrotrajo el proceso al inicio. Es algo normal y natural del proceso".

-¿Por qué razón anuló la corte?

-La corte en la dispositiva dice que anuló de oficio. Había una persona que está solicitada y hubo un error en la transcripción de la audiencia preliminar. El escrito dice que él estaba presente y no lo estaba. La corte se pronunció anulando de oficio y retrotrajo el proceso.

Luego conoció el caso el Tribunal Quinto de Control de Carabobo, que convocó a las partes nuevamente para la audiencia preliminar, que duró dos días. El Ministerio Público ratificó la acusación y el tribunal acogió la petición de la fiscalía de imponer medida privativa judicial a libertad todos, con excepción de Carlos Ortiz que recibió casa por cárcel porque ya tenían conocimiento de su edad avanzada. Posterior a eso hubo doce recursos de apelación, de reconsideración. Nosotros como representantes de la víctima hicimos lo que nos correspondía al igual que la fiscalía. La corte anuló nuevamente, retrotrayendo el proceso, que ahora fue asignando al  tribunal undécimo del control.

Actualmente nos encontramos a la espera de la audiencia preliminar, de la cual ya fuimos debidamente notificados, sentenció Mora. "Nosotros no nos vamos a cansar. Los delitos que se están ventilando aquí son de orden patrimonial".

La tercera publicación sobre este caso estuvo relacionada con la libertad otorgada a los detenidos tras la anulación de las audiencias por la corte de apelaciones

El documento suscrito por Moneo y sus socios Aberer y Feo La Cruz asegura que el proceso se ha llevado bajo el marco legal y que no existe prueba alguna de vicios jurídicos que atenten contra la Constitución y el COPP.