El movimiento estudiantil en Venezuela ha sido históricamente un actor clave en la vida democrática del país, pero hoy esa lucha no es la misma. La represión ha redefinido la manera en la que los jóvenes se organizan y los ha obligado a dejar atrás las protestas masivas para adoptar posiciones más discretas, casi de resistencia silenciosa.
La persecución es real y el miedo también. Tanto así que los entrevistados, estudiantes de universidades públicas del país, pidieron anonimato para este reportaje, una decisión que, por sí sola, dice mucho sobre la situación que enfrentan. No solo ellos, si no la mayoría de la población venezolana, publicó El Nacional.
En la última década, los estudiantes han sido testigos y víctimas de la brutalidad estatal en las protestas, enfrentando detenciones y asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad. Entre 2014 y 2017, miles de jóvenes salieron a las calles para exigir democracia y derechos fundamentales, pero muchos no volvieron a casa.
En 2014, Bassil Da Costa fue una de las primeras víctimas mortales de la represión: lo asesinaron en Caracas durante una protesta. En ese año, también murieron Robert Redman, Génesis Carmona, Geraldine Moreno por el uso desproporcionado de la fuerza. Tres años después, en 2017, el país lloró la muerte de Juan Pablo Pernalete, quien falleció tras el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho disparada por la Guardia Nacional, de Fabián Urbina, y de Armando Cañizález, violista del sistema de orquestas.
El activismo se convirtió en un ejercicio de sobrevivencia
Carlos Mendoza* recordó en entrevista con El Nacional cuando las calles eran el escenario natural de la protesta y las universidades eran espacios de articulación. Reconoció que el activismo estudiantil se ha convertido en un ejercicio de sobrevivencia y que cualquier manifestación puede terminar en detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas.
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«Cada acción debe medirse con extrema cautela. Los principales desafíos que enfrentamos incluyen la criminalización de la protesta, la infiltración y el espionaje dentro de las universidades, el éxodo masivo de líderes y estudiantes, y la precarización de las condiciones educativas», señaló el dirigente estudiantil.
Es decir, aclaró, que la estrategia del gobierno no se limita solo a la represión en la calle: la asfixia económica de las universidades también juega un papel clave. «Si no tenemos profesores ni recursos básicos, ¿cómo nos organizamos políticamente?», preguntó.
Para Luisana Ramírez*, el gobierno transformó la militancia en una trampa y lamentó que cada vez más estudiantes hayan optado por mantener perfil bajo, la clandestinidad o el exilio.
«Los jóvenes no solo luchan por sus derechos como estudiantes, sino también por el derecho a opinar, a ser escuchados y a vivir en un país democrático. Uno de los mayores desafíos ha sido la constante persecución política. Las amenazas, las detenciones arbitrarias y los hostigamientos son comunes».
Destacó que la criminalización de la protesta causa un miedo paralizante, un sentimiento que se ha ido normalizando, pero insiste en que hay quienes siguen resistiendo, incluso bajo las condiciones más adversas.
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