Este jueves 20 de marzo se cumple un año desde que cinco dirigentes políticos venezolanos buscaron asilo en la embajada de Argentina en Caracas. Se trata de Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos, vinculados al partido Vente Venezuela liderado por María Corina Machado.
Ellos ingresaron a la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, tras ser acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de planificar acciones desestabilizadoras y otros cargos como traición a la patria y conspiración.
La situación de estos asilados ha sido precaria desde su ingreso a la embajada. Poco después de su llegada, las autoridades venezolanas cortaron el suministro eléctrico de la residencia diplomática, dejando a los refugiados en condiciones adversas.
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Además, la embajada ha estado bajo constante vigilancia y asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros cuerpos policiales, lo que ha generado denuncias de hostigamiento y violaciones a los derechos humanos.
Víctimas de crisis diplomática
La crisis diplomática se intensificó cuando el gobierno de Maduro expulsó al personal diplomático argentino y de otros países que cuestionaron los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, en las que tanto Maduro como el opositor Edmundo González se declararon vencedores.
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Ante la ausencia de representación argentina en Caracas, Brasil asumió la custodia de la embajada y la protección de los asilados. Sin embargo, las autoridades venezolanas revocaron posteriormente la autorización para que Brasil representara los intereses argentinos, acusando a la embajada de ser utilizada para planificar actividades terroristas contra el gobierno.
A lo largo de este año, los asilados han denunciado condiciones de vida inhumanas dentro de la embajada, describiéndola como una prisión debido a la falta de servicios básicos y al constante asedio externo.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por esta situación, pero hasta la fecha no se ha logrado una solución que garantice la seguridad y libertad de estos dirigentes opositores.
