Canadá anunció este jueves la inclusión de siete organizaciones criminales latinoamericanas, cinco carteles de la droga de México, el Tren de Aragua (de origen venezolano) y el MS-13 de El Salvador como grupos terroristas, siguiendo el criterio de Estados Unidos.
El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció la medida este jueves en Ottawa. Lo hizo un día después de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Este formalizó la inclusión de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos, así como al Tren de Aragua, en su listado de grupos terroristas.
Esos mismos carteles, excepto el del Noroeste, además del Tren de Aragua y el MS-13, han sido designados este jueves por el Gobierno canadiense como entidades terroristas.
Con la inclusión de las siete organizaciones criminales latinoamericanas, Canadá considera terroristas a 86 grupos. Se incluyen en la lista a la española ETA, Sendero Luminoso peruano, los Proud Boys de EE.UU., Hizbulá de Líbano, Hamás de Palestina o Aryan Strikeforce del Reino Unido.
Precisamente este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció dos reformas a la Constitución para proteger al país contra la intromisión extranjera. Esto en respuesta a la decisión de Trump de declarar terroristas a los carteles de la droga.
McGuinty declaró en una rueda de prensa que las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá. "Para que las fuerzas de seguridad tengan todas las herramientas disponibles el Gobierno decidió declararlas grupos terroristas".
McGuinty negó que la medida haya sido coordinada con el Gobierno estadounidense a pesar de que se produjo al mismo tiempo. "Canadá es un país soberano e independiente. La decisión de incluirlas es soberana e independiente. La razón es mantener nuestras comunidades seguras".
La inclusión de los carteles en el listado de organizaciones terroristas congela los activos y propiedades de estos grupos en Canadá. Además, impide que ciudadanos canadienses, o residentes en el país, mantengan relaciones comerciales con ellos.
