Chile tiene razones para sospechar que agentes de contraespionaje venezolanos han trabajado desde la embajada de Venezuela en Santiago, según dijo a New York Times un funcionario de alto rango cercano a la investigación del crimer de Ronald Ojeda. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir conclusiones que aún no se habían hecho públicas sobre el caso.
La presencia de estos agentes no sería nueva. El rotativo neoyorquino recordó que el gobierno de Maduro tiene un largo historial de abusos contra los derechos humanos dentro de Venezuela. Pero también lleva años persiguiendo a disidentes en el extranjero, según exfuncionarios venezolanos, expertos en seguridad y los propios disidentes.
"Para ello, Maduro se ha apoyado en una red de agentes venezolanos, bandas criminales y grupos rebeldes aliados para vigilar, intimidar y, en algunos casos, secuestrar a disidentes fuera de Venezuela, según los exfuncionarios y expertos", indicó el portal.
En el reportaje del NYT, que recuerda detalles del caso a un año de las investigaciones, se rescata que las autoridades chilenas confirman los temores de los disidentes venezolanos escondidos por todo el mundo: las pruebas, dijeron los chilenos, indican que el gobierno de Maduro ordenó el asesinato de Ojeda.
El gobierno de Maduro lo ha negado vehementemente, en diferentes oportunidades. Pero, de ser cierto, el caso representa una oscura escalada en los esfuerzos de Maduro por aplastar cualquier amenaza a su régimen autoritario, y las acusaciones llegan justo cuando el presidente Trump inicia un nuevo diálogo con el autócrata con la esperanza de deportar a los venezolanos indocumentados.
De cómo llegó Ronald Ojeda a Chile y el apoyo del ELN
Una parte del texto del NYT describe cómo se convirtió Ojeda en enemigo del gobierno de Maduro:
En 2021, miembros de un grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, secuestraron a un exteniente del ejército venezolano, Franklin Caldera, que se ocultaba en Colombia tras haber ayudado a atacar una base militar venezolana, según su padre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ELN llevó a Caldera a Venezuela, donde fue encarcelado y torturado. En noviembre, la Comisión adoptó medidas para proteger a más miembros de su familia fuera de Venezuela debido al aumento de las amenazas.

En diciembre de 2023, Ojeda viajó a la frontera colombiana para tramar un posible levantamiento contra Maduro con otros disidentes, según un abogado de la familia de Ojeda. Allí, el ELN capturó al líder efectivo de los disidentes —un militar retirado llamado Anyelo Heredia— y lo llevó de vuelta a Venezuela, según Mundaray y Pablo Parada, un disidente cercano a Heredia. Ojeda escapó.
Un mes después, el gobierno venezolano publicó una lista de 33 militares que, según dijo, se habían vuelto contra el país. “¡Cero tolerancia con los traidores!”, decía el documento. Los nombres se extrajeron del teléfono de Heredia, dijo Mundaray, y muchos de los que estaban en Venezuela fueron encarcelados.
Ojeda también estaba en la lista. Menos de un mes después, fue asesinado.
La participación del Tren de Aragua
Los documentos judiciales muestran la planificación del asesinato entre miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas y conocidas de Latinoamérica. Los mensajes de los teléfonos confiscados mostraban que un jefe de Tren de Aragua comunicó al jefe de la banda en Chile que les pagarían una gran suma por secuestrar y matar a Ojeda. Esto desencadenó una oleada de actividades —todas ellas expuestas en un grupo de WhatsApp— en las que los miembros de la pandilla obtuvieron uniformes, armas y vehículos de la policía chilena, según los documentos.
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Hoy, 19 personas están imputadas por su presunta participación en el crimen, entre ellas miembros del Tren de Aragua. Testimonios clave dentro de la investigación señalan que el grupo delictivo recibió órdenes directas del chavismo para ejecutar el crimen. Un testigo aseguró que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, autorizó la operación. El régimen de Maduro negó cualquier implicación y calificó las acusaciones como falsas.