La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó como «inadmisible» un nuevo diferimiento de la audiencia de juicio de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien detuvieron el 9 de febrero de 2024 y está próxima a cumplir 14 meses en prisión.
«Es inadmisible que sigan dilatando la audiencia de juicio de Rocío San Miguel, abogada, defensora de los derechos humanos y profesora, cuya libertad y salud continúan siendo vulneradas», dijo la organización no gubernamental en su cuenta de la red social X este lunes 31 de marzo.
Recordaron que San Miguel tiene una fractura en uno de sus brazos, por lo que tiene movilidad reducida y pese a las peticiones de sus familiares y abogados privados, a los que no le permiten defenderla, no le han dado los cuidados médicos que necesita ni han permitido operarla.
«A pesar de que lleva más de un año privada de libertad, y más de siete meses con una fractura en su hombro que le ha causado la pérdida de movilidad en el brazo y sin recibir la atención médica adecuada, su audiencia ha sido postergada una vez más, ahora hasta finales de mayo. Este es el cuarto aplazamiento con dos meses entre cada uno», criticó Justicia, Encuentro y Perdón.
A San Miguel la detuvieron junto a su hija el 9 de febrero de 2024 cuando ambas iban a un viaje al exterior. Las apresaron en un control migratorio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira.
Presa junto a su familia
Después apresaron a las dos exparejas y los hermanos de San Miguel, a quienes mantuvieron presos por varios días, pero a los que finalmente liberaron con prohibición de salida del país y la restricción que les impide declarar a los medios de comunicación sobre el caso.
La Fiscalía acusó a San Miguel de supuestos delitos de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», y su presentación en un tribunal con competencia en terrorismo ocurrió después de la presión de ONG defensoras de derechos humanos que denunciaron la desaparición forzada de la activista, lo que llevó al titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, con amenazar de llevar a prisión a quienes usaran el término, considerado un delito de lesa humanidad.
Organizaciones internacionales piden liberación de San Miguel
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, con presencia en el país, fue expulsada por la gestión de Nicolás Maduro al también denunciar la desaparición forzada de San Miguel.
Tras un nuevo diferimiento de la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación para el Debido Proceso (Dpfl) solicitaron la liberación de la activista.
«Exigimos que le sea otorgada una medida humanitaria, de modo que pueda recibir la atención médica de su elección y recuperarse bajo el cuidado de su familia. Con cada día que pasa, tratar la lesión en su hombro se vuelve más difícil, aumentando el riesgo de que pierda la movilidad de su brazo de manera permanente. Desde las organizaciones internacionales firmantes, reiteramos nuestra exigencia de libertad inmediata para la defensora Rocío San Miguel», dijeron en un comunicado.