El exconcejal Jesús Armas cumplió más de 120 horas en desaparición forzada, denunciaron este domingo 15 de diciembre familiares, activistas y políticos opositores.
Al dirigente político y activista de derechos humanos lo sacaron de un café en Las Mercedes, municipio Baruta, la noche del martes 10 de diciembre. Desde entonces sus familiares han ido a diferentes cuerpos de seguridad donde no les da razón sobre Armas.
En varias oportunidades también han intentado introducir un recurso de habeas corpus en los tribunales de Caracas, pero tampoco les han permitido cumplir con este extremo legal para que se informe sobre su paradero.
«Defender derechos humanos no es un delito. Jesús Armas, activista y líder social, lleva 120 horas desaparecido. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad», recordó la organización Defiende Venezuela.
Mientras que el opositor Juan Pablo Guanipa, actualmente en la clandestinidad por la persecución en su contra, exigió «una fe de vida de Jesús y que su familia y abogados puedan verlo».
Desde el Comité para la Liberación de los Presos Políticos se hicieron eco de su desaparición. Y la ONG Un Mundo Sin Mordaza también condenó que no se informe dónde tienen al exconcejal de Caracas.
«¡No podemos permitir que las voces que luchan por la justicia sean silenciadas! #DondeEstaJesus«, aseguraron.
Qué es la desaparición forzada
El Estatuto de Roma, que define los delitos que investiga y juzga la Corte Penal Internacional (CPI), dice que la desaparición forzada entra en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Este delito «se entenderá (como) la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado».
Aunque la Fiscalía en ocasiones anteriores como la de Rocío San Miguel desmiente que se aplique la desaparición forzada en el país, es una práctica que documentan organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales, así como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Países como Estados Unidos se pronunciaron la semana anterior sobre el caso de Armas y exigieron al gobierno de Nicolás Maduro su liberación.