Del 10 al 14 de marzo pasado se llevó a cabo en la ciudad de Houston, EEUU, el evento anual conocido como semana CERA, o CERAWeek por su nombre en inglés, quizás la conferencia –o conjunto de conferencias, seminarios y foros- más importante del mundo dedicada al tema energético.
CERAWeek está organizada por la empresa S&P Global, una consultora de primera línea cuyo vicepresidente es Daniel Yergin, un premio Pulitzer bien conocido por sus publicaciones y su sapiencia en el área del petróleo, la energía y más recientemente el cambio climático, y contó con la participación más de mil expositores del más alto nivel, desde presidentes de multinacionales hasta jeques, pasando por ministros, mandatarios y líderes de opinión. Más de diez mil personas, provenientes de 90 países de alrededor del globo, se registraron como asistentes.
En esta edición de 2025 participaron de manera virtual las máximas autoridades legítimas de Venezuela: el presidente electo Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta María Corina Machado, con un discurso enfocado a destacar las potencialidades del país como futuro actor de primera línea en el campo de la energía. Probablemente es la primera vez en décadas que Venezuela tiene representación oficial en CERAWeek, pues la estatal PDVSA hace años que dejó de asistir, luego de haber sido reducida a la irrelevancia por el régimen actual.
La presentación de González y Machado apuntó a varios temas que definieron la posición de un eventual gobierno postchavista. En primer lugar se planteó la privatización total de la industria petrolera y gasífera, lo que significa la desaparición de PDVSA como entidad operadora del Estado y su reemplazo por empresas, foráneas o nacionales, de capital privado que se encargarían de la actividad desde la exploración hasta el comercio de los hidrocarburos, quedando el gobierno en el papel de regulador y administrador de las licencias o concesiones que se darían a los terceros. Por supuesto que un cambio de esta envergadura requeriría la elaboración y aprobación de leyes, reglas de juego, esquemas impositivos y modelos de participación.
Otros temas que se mencionaron en este sales pitch a los inversionistas fueron el compromiso en la protección a las inversiones, las garantías de cumplimiento de contratos y normas por parte del Estado, los altos estándares legales y la transparencia en la adjudicación de áreas de exploración, campos de producción, infraestructura de transporte y almacenamiento, refinerías y demás activos que irían a subastas internacionales para seleccionar a los operadores y concesionarios. Asimismo, se resaltaron los incentivos en las condiciones económicas de las licencias, para asegurar la competitividad de la oferta venezolana contra las oportunidades disponibles en otras partes del mundo. El resultado de todo este proceso sería, por una parte, el incremento en la producción de hidrocarburos y energías limpias, con los consiguientes ingresos al fisco para ser invertidos en las áreas a las que se dedicaría el gobierno en la mejor tradición liberal clásica –infraestructura, seguridad, salud y educación- y en segundo término el posicionamiento del país en la ruta hacia la democracia y el desarrollo.
Por supuesto que hubo reacciones a la propuesta planteada por EGU y MCM. La primera reacción fue la de los estatistas que consideran al petróleo como parte de la soberanía y de los símbolos patrios y se horrorizan con la visión de que los gringos, franceses, ingleses, brasileños o venezolanos privados sean los dueños (o los operadores o los inquilinos) de las refinerías y de la faja petrolífera. Y es que parece no entenderse que harán falta 100 mil millones de dólares en 8 o 10 años para llevar la producción a poco más de 2 millones de barriles diarios y que lo que queda de Estado en Venezuela no tiene ni el dinero ni la gente para llevar adelante tan faraónica recuperación. Y lo que vale para el petróleo también sirve para la luz eléctrica, las carreteras, las telecomunicaciones y paremos de contar. O sea, que tendríamos un país con todos sus activos alquilados o hipotecados, pero funcionando. No queda de otra.
La segunda reacción a la visión energética de la yunta presidencial es más severa, y la respuesta menos precisa. Si bien queda claro que nada de lo propuesto se podrá hacer con el chavismo mandando, no termina de definirse, para empezar, el proceso que pondrá en su puesto a los ganadores legítimos de las elecciones, ni tampoco cómo se las arreglará un gobierno democrático –sobre todo en sus primeros meses y años- para llevar adelante un esfuerzo de reconstrucción en un país que ha sido diezmado, económica y culturalmente, por 2 décadas y media. El sentido de realidad obliga a contraponer lo que se quiere hacer con lo que es posible, y eso significa ponerle la debida perspectiva y tiempos a lo que se quiere -contra lo que se puede hacer.
