En Venezuela, la represión estatal se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin publicar las actas detalladas de los resultados. Esta opacidad desató una ola de protestas lideradas principalmente por sectores populares afectados por la crisis económica.
De acuerdo al informe presentado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), titulado “Prisión injusta, celdas inhumanas”, la respuesta del gobierno fue inmediata y brutal: en solo 16 días, se registró un promedio de 150 detenciones diarias, duplicando las cifras de represión vistas en países como Chile durante el golpe de Pinochet.
Según el documento, entre agosto y diciembre de 2024, más de dos mil 200 personas fueron detenidas arbitrariamente, sumándose a los 300 presos políticos que ya existían en el país antes de las elecciones.
El informe detalla las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión del país. A través de testimonios directos y un análisis riguroso, se evidencia cómo las cárceles se han convertido en herramientas de represión política en el contexto poselectoral de 2024.
Las cárceles como espacios de tortura y aislamiento
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos documentó las condiciones en centros como Tocorón, Tocuyito, Yare III, El Helicoide y El Rodeo I, que ahora albergan a la mayoría de los presos políticos.
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Las celdas en estos lugares son pequeñas y hacinadas. Por ejemplo, en El Rodeo I, las celdas miden apenas 2x2 metros, y los detenidos deben hacer sus necesidades en una letrina al lado de la cama de cemento.
En Tocuyito, algunos detenidos reportaron que no tenían sábanas y debieron improvisar con los forros de las colchonetas para abrigarse. Sin embargo, tras un intento de suicidio, las autoridades retiraron incluso esos materiales, dejando a los presos con gomaespuma como única protección contra el frío.
Violaciones al derecho a la alimentación
El derecho a una alimentación adecuada es uno de los más sistemáticamente violados, según el informe. Los familiares de los detenidos deben suministrar alimentos porque las raciones proporcionadas por el Estado son escasas y de mala calidad.
En Tocorón, los presos reciben comida con gusanos y en estado de descomposición, según el testimonio de un excarcelado.
El Clippve documentó que en centros como Yare III y Tocuyito, las raciones consisten en granos podridos, arroz crudo o carne en estado de descomposición. Esto ha provocado desnutrición severa entre los presos políticos, algunos de los cuales han perdido hasta 20 kilogramos durante su reclusión.
Privación de agua potable
La situación del acceso al agua potable es igualmente alarmante. En El Rodeo I, los presos solo reciben tres vasos de agua al día, mientras que en Tocorón y Tocuyito, deben recurrir al agua de chorro, que suele estar contaminada y amarilla.
Esto ha llevado al aumento de enfermedades gastrointestinales, como hepatitis y diarreas crónicas.
Negación del derecho a la salud
Las condiciones sanitarias en las cárceles venezolanas agravan aún más la situación. En centros como Tocuyito, los medicamentos dependen exclusivamente de los familiares, ya que las enfermerías carecen de insumos básicos.
En el caso de Jesús Manuel Martínez Medina, un preso político con diabetes, la falta de atención médica adecuada resultó en complicaciones fatales, que incluyeron la amputación de sus piernas y su posterior muerte.
Tortura y tratos degradantes
El informe detalla prácticas de tortura física y psicológica. Los presos políticos son sometidos a golpizas, aislamiento prolongado y técnicas como mantener las luces encendidas las 24 horas. En El Rodeo I, se reportaron áreas específicas de tortura llamadas “el tigrito” y “la cama de Adolfo”.
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El testimonio de una madre de un adolescente detenido tras las protestas describe cómo su hijo fue electrocutado en las manos y amenazado con asfixia mientras le exigían que grabara un video inculpando a un líder opositor.
Violaciones al derecho a recibir visitas
El derecho a la comunicación con el exterior también es vulnerado sistemáticamente. En muchos centros, las visitas se realizan detrás de vidrios y bajo estricta vigilancia. En El Rodeo I, los familiares son obligados a caminar encapuchados hasta los cubículos de visita. Algunos han denunciado procedimientos humillantes, como inspecciones invasivas que incluyen desnudos forzados.
Un sistema que deshumaniza
El Clippve asegura que estas condiciones no son aisladas, sino parte de una política sistemática de represión. Las cárceles no solo buscan castigar, sino también deshumanizar a los presos políticos y a sus familias, que enfrentan múltiples obstáculos para proporcionar alimentos y medicinas.
El informe concluye con un llamado urgente al Estado venezolano para garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios y liberar a los detenidos arbitrariamente. También insta a la comunidad internacional a intervenir de manera más enérgica para detener estas violaciones a los derechos humanos.
El Clippve subraya que su trabajo no solo busca documentar, sino también sensibilizar y movilizar a la opinión pública: “Cada testimonio de abuso es una prueba de la dignidad que resiste incluso en las condiciones más adversas. No descansaremos hasta que se haga justicia”.
