El Pitazo
Con una demanda ante una corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) busca frenar la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS), medida ordenada por el presidente Donald Trump que afecta a más de 300 mil venezolanos en abril y que en septiembre puede impactar a otros 250 mil, aunque otras cifras indican que alcanzaría a un total de 900 mil nacidos en Venezuela que actualmente viven en territorio estadounidense.
“Hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”, dice el documento publicado a principios de febrero por la secretaria de Seguridad Nacional, Christi Noam, con el que confirma la revocación de la extensión del TPS otorgada por el presidente saliente, Joe Biden.
Ante la preocupación de muchos venezolanos sobre la decisión de la administración de Trump y las acciones interpuestas por diversas organizaciones, El medio de comunicación El Pitazo contactó a Adelys Ferro, directora de la organización Venezuelan American Caucus, para aclarar las principales dudas relacionadas con el TPS:
¿Cuál es el objetivo de la demanda sobre el TPS introducido en California?
― Son dos. Que se reinstale la extensión que dio el expresidente Biden para los beneficiarios de TPS del 2023 y del 2021 hasta octubre del 2026, tal y como la había dado el presidente Biden. Y que se elimine o se reverse la eliminación del TPS de las personas que lo tienen desde el 2023. El objetivo es que las personas tengan más tiempo para continuar trabajando y buscar otras vías para obtener un estatus legal en Estados Unidos, y así no ser sujetos de deportación.
La demanda va acompañada de una solicitud de amparo de emergencia, con el fin de buscar una decisión temporal del juez, al menos, antes de que expiren los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS 2023, el próximo 2 de abril.
¿Quiénes interpusieron la demanda?
―La iniciativa de la ACLU la acompaña el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Los codemandantes son siete venezolanos beneficiarios del TPS del 2021 y del 2023, así como la organización Alianza Nacional del TPS, que nació en 2018. Hemos llamado a mucha gente para que se registre en la Alianza Nacional del TPS porque, dentro del abanico de posibilidades de decisiones que puede tomar el juez, podría, aunque que no creemos que esa sea la que va a tomar, decir que él deja protegidos a los demandantes mientras dura el proceso legal.
De ser así, los codemandantes más las personas registradas en la Alianza Nacional por el TPS se beneficiarían de la decisión.
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La demanda en California es la primera de tres que se han registrado en Estados Unidos para intentar revertir la medida sobre el TPS. En las cortes de Massachusetts y Maryland también se introdujeron demandas, la primera de ellas con fecha de audiencia para el 1 de abril.
La audiencia en California es el próximo lunes 24 de marzo a las 9:00 am hora de San Francisco (12:00 pm hora de Venezuela).
¿Quién es el juez de la causa?
―El juez senior de distrito Edward M Chen en San Francisco. Él es un juez federal. En esa misma corte fue donde se introdujo el caso Ramos, que fue el caso bandera cuando el presidente Trump eliminó vía orden ejecutiva el TPS a los salvadoreños, hondureños, sudaneses.
¿A quiénes protege la demanda?
―Se espera que la decisión del juez proteja a los 600.000 venezolanos beneficiarios de TPS, tanto de 2021 como de 2023.
¿Qué se puede decidir el 24 de marzo?
―Lo más probable es que no se pueda decidir nada, porque no es común que los jueces den un veredicto o una decisión el mismo día de la lectura de argumentos. Lo que sí es importante es que ese es el único día que va a haber una audiencia en persona con los codemandantes, donde ellos van a dar sus testimonios. Por eso ese día es tan importante y desde allí esperamos que en muy pocos días el juez emita una decisión. Una primera decisión, después esto va a pasar a cortes de apelaciones, porque con toda seguridad se va a ir apelando. Vamos a ver cuánto tiempo dura y hasta dónde van a llegar las apelaciones.
¿Qué pasará con los permisos de trabajo si el juez no toma una decisión antes del 3 de abril?
―Eso no va a pasar, el juez va a tomar una decisión antes del 2 de abril o para esa fecha porque hay una petición de decisión de emergencia y lo que va a pasar con los permisos de trabajo dependerá de la decisión y de la normativa que surja en ella.
Los escenarios actuales son diferentes a los de 2018, cuando se presentó la demanda por el caso salvadoreño. No podemos adelantarnos, pues desconocemos la decisión del juez y la forma en la que esta se va a implementar. Lo que sí sabemos es que una protección del TPS le daría vigencia a los permisos de trabajo por todo el tiempo que la decisión del juez diga.
¿Por cuánto tiempo puede el juez dictar una medida de protección?
―En el caso de los salvadoreños duró cuatro años, pero las leyes eran diferentes. Lo que nos han explicado los abogados es que muy probablemente solo nos lleven hasta octubre del 2026 o lo que dure el proceso legal, que puede ser un poquito más o un poquito menos, no lo sabemos.
Los cuatro años fueron porque el juez dijo, “mientras esté el proceso legal ustedes van a tener protección». Y el proceso legal duró hasta ya entrado Biden en el gobierno. Biden restituyó el TPS para ellos y aún así el proceso legal terminó porque ya estaban en proceso las últimas apelaciones. No lo sabemos, pero por lo menos los 18 meses que había dado la administración Biden, hasta octubre del 2026.
¿Qué opciones tiene la administración de Trump si el juez toma una decisión a favor de los demandantes?
―Todas las opciones legales que da la ley de los Estados Unidos. Ellos van a apelar inmediatamente, como han estado apelando todas las decisiones en contra de las órdenes ejecutivas de Trump. Las cortes de apelaciones irán hablando, pero nosotros creo que nos debemos preocupar de un paso a la vez (…) creemos que tenemos la razón, que tenemos los argumentos correctos para que esta protección siga dándosele a los venezolanos. Confiamos mucho en el equipo de abogados y en la solidez del caso.
