El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles que en 2024 las cárceles en el país fueron un reflejo de un Estado que castiga y abandona a los más vulnerables.
La ONG cuestionó los esfuerzos de reinserción social realizados en favor de las personas privadas de libertad y sostuvo que el sistema penitenciario no escapa de la profunda crisis social, económica y política en Venezuela.
“Las cárceles continuaron siendo espacios de hacinamiento extremo, violencia y corrupción, donde los derechos humanos de los reclusos son sistemáticamente vulnerados”, publicó en X.
Destacó que la falta de recursos, personal capacitado y condiciones mínimas de higiene y salud exacerbaron las condiciones carcelarias en 2024, mientras las autoridades penitenciarias -aseguró- se mostraron “incapaces o indiferentes ante la magnitud del problema”.
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Entre otras denuncias, mencionó que informes de organismos internacionales señalaron prácticas como torturas, extorsión y la existencia de mafias dentro de las prisiones, “que operan bajo la mirada cómplice de algunos funcionarios”.
Agregó que familiares de presos estuvieron obligados a pagar sobornos para garantizar lo mínimo para la supervivencia de sus seres queridos, en un entorno de comercialización ilegal dentro de las cárceles, así como para el abastecimiento de alimentos y medicinas.
Liberación de defensores de derechos humanos
El Observatorio Venezolano de Prisiones, que recurrentemente aboga por la liberación de todas las personas presas de manera injusta, exigió nuevamente la liberación inmediata de los activistas por los derechos humanos Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
Los activistas, de acuerdo con la ONG, han sido objeto de persecución y encarcelamiento injusto, como parte de un patrón de criminalización de quienes alzan la voz contra las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El informe "Derechos políticos de la población reclusa venezolana", presentado por el OVP en octubre, denunció entre otras cosas el hacinamiento en las cárceles del país, las cuales tienen una capacidad de 19.688 plazas, pero albergan una población de 30.332 privados de libertad.
