El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves la muerte de un segundo privado de libertad en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, en Tocuyito, estado Carabobo, y alertó sobre la necesidad de investigar las condiciones de atención médica dentro del establecimiento penitenciario.
A través de un post en la red social X, la organización identificó al fallecido como Ángel Gabriel Hurtado Fuentes, a quien, según la información que logró recabar, se le trasladó a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde murió tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro cardiovascular.
El deceso ocurrió apenas un día después de que se conociera la muerte de otro recluso del mismo penal, hecho que el OVP considera motivo de preocupación por la respuesta sanitaria que reciben las personas privadas de libertad.
Según la organización, hasta el momento las autoridades penitenciarias no han informado cuál era la condición médica de Hurtado Fuentes, qué atención recibió mientras permanecía recluido ni las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
¿Funciona adecuadamente el sistema de atención médica en Tocuyito?
En ese contexto, el OVP sostuvo que la ocurrencia de dos muertes en un mismo centro penitenciario en un período tan corto amerita determinar si el sistema de atención médica funciona adecuadamente, si los traslados hospitalarios se realizan de forma oportuna y si a las personas que requieren atención especializada se les identificas y atiende a tiempo.
La organización exhortó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a informar de manera transparente sobre ambos fallecimientos y a realizar una evaluación inmediata de las condiciones de salud de la población recluida en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador.
Asimismo, recordó que el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida de las personas privadas de libertad. En ese sentido, pidió a las instituciones competentes investigar los hechos y adoptar medidas que garanticen el derecho a la salud y a la vida de la población penitenciaria.
