La indignación por la crisis de servicios públicos derivó en momentos de terror la noche del 28 de julio en el municipio Roscio cuando una manifestación pacífica que mantuvo paralizada por más de 10 horas la Troncal 10 -arteria vial clave que conecta a Venezuela con Brasil- fue disuelta violentamente por un grupo de hombres armados que irrumpió en el lugar y arremetió a tiros contra los manifestantes.
El despliegue de violencia infundió pánico entre decenas de vecinos que protestaban a la entrada de Guasipati por los prolongados y diarios cortes de energía eléctrica. Videos difundidos en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea registraron el momento preciso en que la multitud corría para resguardarse entre detonaciones de armas de fuego.
“Los plomazos que mandaron fueron la única respuesta que recibimos”, relató bajo anonimato una de las residentes presentes en el sitio.
El bloqueo de la carretera internacional generó una kilométrica fila de vehículos particulares, transporte público y camiones de carga de material aurífero.
La comunidad denunció que el esquema actual de racionamiento interrumpe el servicio hasta tres veces al día en turnos de cuatro a cinco horas, afectando la conservación de alimentos y las actividades cotidianas, en medio de elevadas temperaturas.
La paradoja del reclamo genera mayor malestar en la población: el estado Bolívar al Habitantes de localidades vecinas como El Callao y Tumeremo señalan que las fallas se han agudizado en el último año, en paralelo con la proliferación de plantas procesadoras de oro en la zona.berga las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar en Guri, Antonio José de Sucre en Macagua y Francisco de Miranda en Caruachi, instalaciones donde se genera más del 70 por ciento de la electricidad que consume todo el país.
Organizaciones civiles, manifestantes y líderes locales señalaron que los agresores operaron con total impunidad para disolver el reclamo social.
Aunque hasta el momento no se han reportado oficialmente personas heridas por impactos de bala, la comunidad califica la acción como un acto directo de intimidación.
Ante la gravedad de los hechos, dirigentes locales y defensores de derechos humanos alzaron su voz de rechazo. Benilde Mollegas, exconcejala del municipio Piar, exigió una investigación imparcial y transparente por parte de las autoridades competentes y organismos internacionales.
“Las denuncias sobre la represión y los disparos contra ciudadanos que reclamaban por la crisis eléctrica exigen respuestas inmediatas. Ningún venezolano debe ser intimidado por exigir servicios públicos dignos. Gobernar implica responder a las necesidades de la gente, no silenciar sus reclamos”, enfatizó Mollegas.
Hasta la publicación de esta nota, ningún organismo oficial o autoridad regional ha emitido un balance sobre la identificación de los responsables de las detonaciones.
