TalCual
El lunes 23 de septiembre, la Justicia Federal de Argentina ordenó la detención y captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras figuras del gobierno venezolano acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
La medida se produce luego de la petición realizada por los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, quienes acompañaron el reclamo de varias víctimas venezolanas que han denunciado al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Tras la revisión del caso, que incluyó -según reseña La Nación de Argentina– la evaluación de decenas de testimonios y revisión de una docena de informes de organismos internacionales, los jueces dictaminaron que hay suficientes razones para juzgar al mandatario venezolano y otros funcionarios.
La decisión de la justicia argentina se formalizó el miércoles 25 de septiembre cuando el magistrado Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, envió el oficio a Interpol para que emita la alerta roja.
Según reseña el medio Clarín, la orden del juez Sebastián Ramos abarca a más de treinta miembros de las Fuerzas Armadas, integrantes de los cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia del oficialismo, cuyos nombres aún no han trascendido.
El procedimiento iniciado en Argentina es posible porque la jurisdicción universal lo consagra y la legislación interna de la nación así lo establece en su Constitución.
Orden de captura a Maduro
La jurisdicción universal contempla que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito en cualquier lugar del mundo con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima o en ausencia de todo vínculo con el Estado en el que ejerce dicho tribunal.
Amnistía Internacional explica que este principio puede aplicarse a la mayoría de los delitos comunes, pero también a hechos de mayor gravedad en el marco del derecho internacional como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la «desaparición».
“Estos delitos son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y, por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación de llevar a los responsables ante los tribunales. Esta opinión se recoge en el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, señala Amnistía Internacional en un documento de trabajo.
¿Qué significa la decisión de la justicia argentina y cuáles son sus implicaciones?
El representante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), abogado Tomás Farini, explicó en una entrevista a la Voz de América y a otros medios internacionales lo que puede ocurrir con la orden de captura emitida contra los funcionarios venezolanos.
Politólogo José Vicente Carrasquero
El politólogo José Vicente Carrasquero, por su parte, también analizó la medida en un post publicado en sus redes sociales.
1. Notificar la medida. Una vez que se ha concretado la decisión por parte de los tribunales de Argentina, debe comunicarse a los juzgados de Venezuela y oficializar la solicitud ante la Interpol.
El miércoles 25 de septiembre, el juez federal Sebastián Ramos envió la solicitud a Interpol para que levante la alerta roja en todos los aeropuertos del mundo. Ahora le corresponde a Interpol evaluar y proceder con la acción solicitada.
El abogado Farini no cree que los juzgados de Venezuela hagan algo sobre esto, pero sí confía en la respuesta que pueda ofrecer Interpol.
2. Presentación de los imputados. Las personas presuntamente responsables de los delitos deben presentarse ante los tribunales argentinos para que se pueda realizar el juicio oral.
Argentina no tiene juicio en ausencia, por tanto si los imputados no se presentan el juicio no puede llevarse a cabo y debe paralizarse hasta que asistan por voluntad propia o sean arrestados y presentados.
Lea la nota completa en TalCual
