El caso de Edwin Santos centra la atención de hasta ahora más de 100 académicos, exministros y personalidades quienes exigen justicia por la muerte del activista de Voluntad Popular la semana pasada en Apure.
La organización Provea publicó una carta firmada por venezolanos de distintos sectores en la que expresan su postura sobre la muerte de Santos, luego de denuncias de su supuesta detención.
Voluntad Popular denunció el jueves 24 de octubre que Santos, un líder comunitario en el área de El Nula, había sido detenido un día antes por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Dijo que desconocía su paradero. Su cuerpo sin vida fue hallado el viernes 25 de octubre.
La versión del partido opositor contrasta con la del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que aseguró que el deceso ocurrió cuando la moto en la que se desplazaba impactó contra un árbol.
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Según la carta, publicada en el sitio web de Provea, los firmantes aseguran que es un hecho conocido y público que Santos fue detenido el día miércoles 23 de octubre por un organismo de seguridad del Estado. “Todo indica que no solo se trata de una desaparición forzada, sino que, además, el desaparecido ha aparecido muerto”.
Los firmantes se preguntan “¿cómo puede tener un accidente de tránsito alguien que se encontraba detenido e incomunicado en la sede de un organismo de seguridad?”.
"No podemos guardar silencio"
“Como sociedad no podemos guardar silencio frente a este horrendo hecho que evidencia un crimen de Estado. Los venezolanos y la comunidad internacional debemos condenar con la mayor firmeza esta ola represiva”.
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Después de conocerse la muerte de Edwin Santos, Voluntad Popular responsabilizó al gobierno por este hecho. Aseguró que, hasta la tarde del jueves, el activista estaba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito".
El líder de la tolda naranja, Leopoldo López, adelantó que la muerte de Santos será denunciada ante las Naciones Unidas (ONU), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Douglas Rico, director del Cicpc, informó que el Ministerio de Interior dio la orden de abrir una "averiguación a quienes están realizando campañas de desinformación y mentiras" que apuntan hacia el asesinato del dirigente apureño.
