Desde el 2 de agosto de 2024, Kenia Jiménez vive atrapada en una pesadilla que parece no tener fin. Ese día, su hijo Kennedy Tejeda fue detenido en el municipio Montalbán del estado Carabobo, en el contexto de la represión postelectoral y se convirtió en preso político.
Cada visita semanal representa un sacrificio inmenso para Kenia Jiménez. A pesar del dolor, no deja de viajar hasta Tocorón para ver a su hijo, lo que le cuesta más de 100 dólares cada vez: 25 en transporte y al menos 80 en insumos que debe llevarle. “Es desgastante emocional y económicamente. Estoy desesperada”, cuenta.
El preso político es un joven abogado recién graduado, de origen humilde, estudioso, trabajador, solidario, y hasta el momento de su detención, el principal sustento del hogar. Fue arrestado por fuerzas del Estado en el Comando Rural de la Guardia Nacional Bolivariana de Montalbán, trasladado luego a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Valencia y posteriormente enviado a Tocorón, una de las cárceles más peligrosas del país.
Preso político torturado y en condiciones inhumanas
Tenía 24 años. Hoy, con 25 cumplidos en prisión, permanece recluido en condiciones inhumanas en la cárcel aragüeña, donde ha sido víctima de torturas y tratos crueles, según denunció su madre y lo han alertado organizaciones nacionales e internacionales.
En diciembre de 2024, su madre denunció públicamente que Tejeda había sido golpeado salvajemente en prisión y era víctima de tratos crueles. “Ha perdido peso por la mala alimentación. Esta semana le están dando comida con mucho picante y eso afecta su salud”, afirmó.
Además de la violencia física, enfrenta un entorno hostil, sin acceso adecuado a alimentación ni atención médica. “Está en condiciones de reclusión inhumanas”, dijo Kenia.
Sin respuestas de las instituciones
El caso de este preso político ha traspasado fronteras. La Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, con sede en Estados Unidos, denunció las torturas sufridas por el joven. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares tras constatar que su integridad física y psicológica está gravemente amenazada. A pesar de ello, no ha habido mejoras en su situación.
Kenia ha denunciado el caso de su hijo en todas las instancias posibles. Ha acudido al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a diferentes organismos de derechos humanos nacionales, sin obtener respuesta alguna. “El proceso ha sido totalmente hermético. No hay justicia. No hay voz que nos escuche”, reclama.
