Todo estaría perdido si el mismo cuerpo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares".
Montesquieu
Venezuela ha dejado de ser una república para convertirse en una intrincada escenografía donde la vida cotidiana transcurre entre el absurdo, la indefensión y la erosión absoluta del pacto social.
Hablar hoy de la «República Bolivariana» es incurrir en una entelequia jurídica: no existen poderes públicos independientes (ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral) y contrapuestos que garanticen el equilibrio, sino ramificaciones de un mismo bloque de poder centralizado que sofoca cualquier principio de contención institucional.
Esta atrofia de las bases republicanas tiene un correlato inmediato en el quebrantamiento de la Constitución de 1999, cuya vigencia ha sido suplantada por la discrecionalidad política y por una prolongada e inocultable vacuidad en la legitimidad del ejercicio presidencial. El colapso de las instituciones se evidencia con dolorosa precisión en la rutina del ciudadano común.
En lo económico, el Estado promueve una esquizofrenia monetaria insólita: mientras las tasas, tributos y peajes se fijan en divisas extranjeras como el euro, los billetes de curso legal emitidos por el propio Banco Central de Venezuela son rechazados con desdén en las mismas taquillas estatales. En muchas regiones del país esto se ve acompañado de una expresión común: ¡una pelusa..!”
Este desprecio por la propia moneda es apenas el síntoma superficial de un deterioro infraestructural profundo que parte del abandono de los terrenos de la ética y de la moral, reflejado en las reiteradas interrupciones eléctricas diarias (cada una tiene un promedio de duración de 5 horas) que paralizan el aparato productivo y sumen a los hogares en la incertidumbre.
La parálisis de los servicios básicos adquiere matices dantescos en la atención pública. En el aparato de salud oficial (que no puede dársele la categoría de “sistema”, pues es un monstruo de mil cabezas), la gratitud constitucional es un mito desmentido en las puertas de cada hospital, donde pacientes y familiares deben aportar desde las gasas y medicamentos hasta el dinero necesario para “alquilar” (así se escucha decir) los equipos quirúrgicos indispensables para una operación.
A la par, el cuerpo de bomberos, diseñado para la protección civil, yace desmantelado con sus unidades sobre bloques y sin neumáticos en los estacionamientos de sus estaciones. Basta con recordar el pésimo enfrentamiento de las consecuencias de la reciente pareja de terremotos del 24 de junio: la protección civil mostró su incapacidad por desmantelamiento de todo tipo.
La seguridad ciudadana se degrada al punto en que los propios funcionarios policiales apostados en las gasolineras solicitan a los conductores que les financien el combustible de sus patrullas, en un esquema donde las antiguas partidas presupuestarias institucionales han sido sustituidas por la extorsión informal.
Mientras tanto, los órganos de seguridad y la fuerza armada, desviados de sus misiones fundamentales de resguardo soberano y protección institucional, son percibidos por la colectividad como entes orientados a la represión y la preservación del status quo, para no expresar más.
Frente a este escenario de disgregación, una gestión política con vocación de éxito no puede limitarse a pañuelos calientes ni a reformas cosméticas; requiere una hoja de ruta de refundación democrática estructurada en tres misiones fundamentales:
1- Restablecimiento de la institucionalidad y restitución constitucional: la
prioridad absoluta consiste en reordenar el marco de legitimidad, acatando el espíritu
originario de la Constitución Nacional mediante la restitución de la independencia real
de los poderes públicos (por acá es por donde ha de empezar el asunto); luego, la
resolución definitiva de la vacante en la Jefatura del Estado a través de mecanismos
transparentes y el rescate del Estado de derecho.
2- Desmilitarización de la administración y profesionalización del Estado: es
urgente devolver a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad a sus funciones
estrictamente constitucionales, desmantelando su injerencia en la gestión económica y
civil, al tiempo que se rescate el presupuesto operativo de servicios vitales como salud,
bomberos, policía y educación (lo dijo El Libertador el 15 de febrero de 1819 en su
icónico Discurso de Angostura: "Moral y luces son nuestras primeras necesidades"
3- Normalización monetaria e infraestructural: corregir la distorsión cambiaría y tributaria garantizando la soberanía e integridad del sistema financiero, sumado a una auditoría y reestructuración prioritaria del sistema eléctrico e hidráulico nacional mediante alianzas transparentes.
Esta gesta de reconstrucción nacional no se logrará de manera intempestiva. Un proceso de esta magnitud requerirá una transición por fases estimada en una temporalidad de cinco a diez años: los primeros doce a veinticuatro meses orientados a la estabilización política, institucional y humanitaria urgente; y un lapso posterior de tres a ocho años dedicado a la reconstrucción de la infraestructura crítica, la restitución del tejido económico y la consolidación del espíritu republicano.
Recomponer la nación exige transformar la resignación en una exigencia colectiva de orden, justicia y libertad, teniendo presente que todo esto y más ha de ser hecho… ¡hasta el final!
Si deseas que conversemos acerca de cómo podemos ayudarte a revisar tus estrategias y a enfocarte en lo que realmente importa de este importantísimo tema organizacional, escríbeme a gerenciaenaccionve@gmail.com. Estamos listos para ayudarte a convertir el caos en un ambiente de confianza.
Nuestros otros contactos: twitter: @genaccion; instagram: @gerenciaenaccionve; facebook:
gerenciaenaccionvzla; y whatsapp: 58424 411 5051
