Durante los últimos cinco años, Marta Valiñas ha liderado la misión de Naciones Unidas que investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos.
Hasta el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela. Estos incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos, publicó BBC Mundo.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
El viernes 11 de octubre, un día después de que se publicara este reporte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con el voto a favor de 23 países (entre los que figuran Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana), 18 abstenciones (entre ellas Brasil) y 6 países en contra (Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Los testimonios recogidos por la misión que preside Valiñas pueden servir para el expediente “Venezuela I”, la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) emprendió contra el gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y que constituye el primer caso en América Latina que llega a esta instancia.
Valiñas conversó con BBC Mundo para explicar los hallazgos que la misión hizo públicos en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las elecciones. Esta entrevista fue editada para su publicación.
Usted ha señalado que Venezuela atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente en el área de derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones ha documentado la misión después de las elecciones?
En el período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o de personas percibidas como opuestas al gobierno.
Por un lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que fueron realizadas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes sociales.
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El problema es que esta masividad y este carácter indiscriminado estuvieron acompañados de varias violaciones graves al debido proceso, que se dieron de forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
No es solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.
¿Qué tipo de prácticas represivas se están aplicando ahora que los investigadores de la misión no hayan documentado en años anteriores?
En primer lugar, están las audiencias colectivas donde se imputan cargos como terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o 2019. Algunas de las audiencias fueron realizadas con los niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia legal.
Hemos podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de 2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos. Una fue liberada, pero la otra permaneció detenida y fue víctima de manoseos estando embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto.
Por otra parte, las detenciones selectivas de personas con un perfil público conocido se volvieron más masivas, como los casos de Freddy Superlano, María Oropeza o William Dávila. Esto lo habíamos visto en casos como el de Rocío San Miguel y otras personas que fueron detenidas con sus familiares. El tema es que todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad.
Violencia sexual
La misión ha descrito en sus reportes técnicas de tortura que incluyen abusos sexuales contra los detenidos. En el último informe, por ejemplo, se advierte que “la violación contra hombres es comúnmente utilizada como herramienta de castigo y humillación”. ¿En qué consisten las prácticas de violencia sexual que han documentado?
Hemos documentado casos de hombres detenidos que fueron golpeados o recibieron descargas eléctricas en los genitales. Tenemos mujeres que hablan de manoseos o el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la golpearon y perdió a su bebé. Hay niñas y mujeres que cuando estaban detenidas fueron forzadas a desnudarse frente a guardias hombres. Esto también aparece en casos después de las elecciones.
Hay casos de mujeres detenidas que son coaccionadas a tener relaciones sexuales con los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que son vistos como beneficios o privilegios dentro de las cárceles.
¿La misión puede demostrar que esto ha sido sistemático?
En nuestros informes hemos documentado estos hechos dentro del grupo de casos que estamos evaluando: personas opositoras o percibidas como tales. En los primeros informes había más casos de hombres víctimas porque eran militares acusados de estar presuntamente involucrados en conspiraciones. Hay que aclarar que no estamos mirando la violencia sexual en general, sino solo en los casos que estamos analizando.
Es difícil hablar de sistematicidad de la misma forma que en otros delitos y esto tiene que ver con las dificultades propias de investigar casos de violencia sexual. Hay víctimas que están abiertas a hablar sobre esto, pero hay muchas que no. Sin embargo, hemos visto que estas prácticas se repiten con los años. En términos de prácticas de tortura, sí ocurren de forma repetida.
Lee la entrevista completa en BBC Mundo.
