El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) alertó sobre el recrudecimiento de los patrones de agresión contra los medios de comunicación en 2024, al registrar 566 violaciones a la libertad de prensa hasta el 10 de diciembre.
La organización denunció que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio el Estado venezolano redobló sus esfuerzos para restringir la libertad de expresión y controlar el acceso a información clave para la ciudadanía.
El informe “Autocensura, huida o cárcel: en 2024 arreció la persecución contra la prensa”, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, refleja los obstáculos que enfrenta la prensa en medio de un asedio sistemático que busca debilitar el periodismo venezolano independiente
IPYS reconoció entre los patrones de agresión más graves este año las detenciones arbitrarias de 14 reporteros, 11 de estos después de las elecciones, y los desplazamientos forzados de 27 periodistas.
Indicó que a todos los detenidos se les ha negado el acceso a defensa privada y a la mayoría se les imputaron delitos como incitación al odio y terrorismo, que acarrean penas superiores a los 10 años de cárcel.
Del total de periodistas desplazados, 11 abandonaron el país. La mayoría tomó la decisión por ser víctimas de amenazas o ataques físicos y verbales, tras recibir información sobre una orden de detención en su contra y por avisos de posible detención.
Violaciones a la libertad de prensa
El Instituto de Prensa y Sociedad indicó en el informe que del total de 566 violaciones a la libertad de prensa documentadas, 380 perjudicaron a 260 trabajadores del sector: 155 hombres y 118 mujeres.
Los reporteros fueron las principales víctimas (168), seguidos por directivos de medios (16), camarógrafos (15), reporteros gráficos (15) y locutores (14), según la organización que además registró la deportación de 11 corresponsales extranjeros.
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También hubo 109 agresiones a medios de comunicación, 14 a organizaciones de la sociedad civil, una a una organización gremial y nueve a plataformas de redes sociales y software de interés colectivo.
IPYS documentó este año el cierre de 20 estaciones radiales por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como el bloqueo de 39 portales informativos y otras plataformas de interés colectivo, la mayoría a partir del inicio de la campaña electoral.
Instrumentos contra libertades informativas
La organización precisó que entre enero y el 10 de diciembre hubo 32 agresiones correspondientes a la categoría de hostigamiento judicial. Del total, 17 estuvieron relacionadas con procesos civiles o penales contra periodistas y medios de comunicación, y 15 con amenazas de procesos legales o administrativos.
Asimismo, destacó las investigaciones y órdenes de captura anunciadas por el fiscal general Tarek William Saab contra periodistas señalados de supuestamente estar implicados en conspiraciones o actos de extorsión.
IPYS también mencionó leyes aprobadas en la Asamblea Nacional que limitan las libertades informativas.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, “incluye disposiciones imprecisas que acarrean sanciones desproporcionadas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que divulgue mensajes que puedan calificarse como promoción de las sanciones internacionales”.
La aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro, afectaría según IPYS la libertad de asociación y a las personas beneficiarias de la actividad de las ONG en diferentes ámbitos de los derechos humanos.
También mencionó la organiazción el preocupante Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, que incluye regulaciones a los medios de comunicación fundamentadas en definiciones vagas de los términos fascismo, neofascismo y expresiones similares.
IPYS sostuvo que la hostilidad contra la prensa en Venezuela constituye una política de Estado sistemática, que se ha profundizado a lo largo de los últimos 25 años y que alcanzó extremos nunca antes vistos en 2024.
En este contexto, enfatizó que las exigencias de respeto y protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública se deben mantener conforme a los estándares más favorables de protección y valoró la conveniencia de reforzar las denuncias ante interlocutores internacionales que puedan elevar el costo de la represión.
