El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades venezolanas a liberar a todos los detenidos arbitrariamente en el país antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La petición de Türk ocurre en la actualización sobre la situación de Venezuela, especialmente tras los comicios que derivaron en protestas fuertemente reprimidas al no haber resultados verificables, que dieron ganador a Nicolás Maduro.
La sesión se realizó en la sede del organismo, en Ginebra. La actualización sobre Venezuela es una exigencia incluida en la resolución 57/36 del Consejo de Derechos Humanos que renovó los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina de Derechos Humanos en Caracas, hace unos meses.
“Insto a la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios”, dijo Türk en su intervención.
San Miguel está detenida desde el 9 de febrero y acusada de participar en una plan de magnicidio contra Maduro. Tarazona, director de Fundaredes, suma casi cuatro años tras las rejas. El 2 de julio de 2021 acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, y fue apresado.
Sobre los seis asilados en la embajada de Argentina, Türk dijo seguir de cerca el caso y estar listos para apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución.
Además, llamó a que “todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente alineados con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Juicios justos y condiciones de aprehensión
El alto comisionado de derechos humanos también solicitó a Venezuela “proporcionar garantías de un juicio justo para los detenidos”. Habló de permitirles designar un abogado de su elección y proporcionar a los pueblos indígenas intérpretes. Este ha sido un patrón en todos los casos antes y después de las elecciones, en los que no se ha permitido la defensa privada.
Türk llamó la atención por el uso continuo de las leyes antiterrorista contra manifestantes, aplicada incluso a niños y adolescentes. De hecho, en los procesos judicios que siguen abiertos tras las excarcelaciones, los detenidos fueron acusados de terrorismo. Algunos de ellos alegan que ni siquiera estaban cerca de las protestas.
“Los informes de desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes”, recalcó el alto comisionado.
En las primeras semanas de reclusión en el penal de Tocuyito, familiares de presos políticos indicaron que les daban comida podrida, y son varios los casos de situaciones médicas que no han sido atendidas oportunamente, como el caso de Rocío San Miguel.
“Insto a las autoridades a cumplir con su obligación de garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están encarcelados en celdas hacinadas y necesitan atención médica urgente”.
Investigación rápida y efectiva
El tema con el que Türk abrió su intervención es el de las personas muertas durante las protestas de julio y agosto. “Sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas poselectorales”. Y recordó que en la represión participaron individuos armados que apoyan al Gobierno.
Por ello, reclamó una “investigación rápida y efectiva sobre al menos 28 muertes que, según informes, incluyeron manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas”.
Sobre los casos, el fiscal Tarek William Saab no ha ofrecido nuevos elementos en las últimas semanas. De acuerdo a sus investigaciones, las muertes son atribuibles a factores de la oposición.
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Türk y las detenciones arbitrarias y excarcelaciones
La preocupación del alto comisionado de derechos humanos sobre la arbitrariedad de la mayoría de las detenciones poselectorales en Venezuela se mantiene vigente. Y allí incluye a adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes.
Calificó las excarcelaciones bajo condiciones de las últimas semanas como un paso importante. “Animo a las autoridades a revisar los casos de los que aún están detenidos, de acuerdo con las garantías internacionales de debido proceso y otros estándares de derechos humanos”.
Las restricciones al espacio cívico
Türk recalcó que tiene informes creíbles de que defensores de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal de mesas electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento.
Sabido que muchos dirigentes abandonaron el país, pidió a los Estados de la región garantizar la protección de estas personas y adoptar un enfoque flexible respecto a los documentos de identificación vencidos.
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“Al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado operaciones debido a denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, incluidas detenciones selectivas y la cancelación de pasaportes”, reportó Türk, que a su vez opinó que “esto contribuye a un clima de miedo y tensión social, y dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen su trabajo vital”.
También habló de dos leyes restrictivas: la reciente Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG (llamada antisociedad), “corren el riesgo de infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política”.
La petición a las autoridades es garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en línea con sus obligaciones de derechos humanos.
Crisis humanitaria general
Más allá de la crisis poselectoral de detenidos y fallas en las libertades cívicas, Türk habló de otros elementos como los serios obstáculos que sufren los venezolanos para acceder a alimentos, educación, atención médica y trabajo decente, incluida una remuneración digna.
“Los salarios continúan siendo extremadamente bajos, a pesar de un aumento reportado del 8.5 % en el Producto Interno Bruto el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas son desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos”.
Sin embargo, el alto comisionado de derechos humanos ve como un paso adelante el anuncio de medidas para mejorar las condiciones laborales de los maestros. Pero, siguen llegando reportes sobre “la suspensión arbitraria de salarios de los docentes, despidos injustificados de trabajadores y jubilaciones forzadas de líderes sindicales, incluso en base a sus opiniones políticas”.
La minería ilegal y su impacto
La intervención de Türk también incluyó la difícil situación de algunas comunidades indígenas que lidian con el impacto de la minería ilegal en sus territorios. Exigió que las operaciones militares contra estas actividades estén acompañadas de componentes civiles y de reintegración social, respetando el consentimiento libre, previo e informado.
“Me alarma recibir informes sobre el asesinato de un guardián indígena que protegía su territorio de la minería”, dijo, al tiempo que pidió una investigación transparente sobre este caso y sobre el del defensor de los derechos de los pueblos indígenas Virgilio Trujillo, una muerte ocurrida hace dos años.
