Crónica Uno
Caracas. Un año transcurrió desde que la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el Gobierno de Nicolás Maduro firmaron el Acuerdo de Barbados, un documento que establecía mejoras en las garantías electorales para los comicios presidenciales de 2024, esos mismas que marcaron un nuevo capítulo de la crisis política del país.
El “acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” contemplaba la actualización y depuración del registro electoral, el desarrollo de las auditorías previstas en el sistema electoral y la promoción de un clima político que contribuyera al desarrollo pacífico de los conflictos.
Desde el 17 de octubre de 2023 y hasta hoy mucha agua ha corrido en el país y las denuncias de violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos, así como el cuestionamiento a la transparencia de los comicios dejan en evidencia el incumplimiento de este pacto.
Chavistas y opositores se culpan mutuamente del incumplimiento de este acuerdo que contemplaba unos 15 puntos. En esta nota recordamos algunos de los compromisos que no se cumplieron:
El reconocimiento del rival
El primer punto del acuerdo fue el reconocimiento y respeto al “derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, un pacto irrespetado en tanto le fue impedido a María Corina Machado, a través de una inhabilitación política, participar en las elecciones, pese a ser electa en primarias.
Lo mismo ocurrió cuando la oposición intentó, sin éxito, inscribir a la catedrática Corina Yoris como aspirante a la presidencia en reemplazo de Machado, trámite que se impidió.
La oposición denunció que el Gobierno de Maduro intentó “sabotear” las primarias opositoras, mediante la judicialización de partidos y la inhabilitación de varios líderes políticos.
Garantías electorales
En varios de sus puntos, el pacto refrendado en Barbados consideraba garantías electorales entre las que estaban incluidas el “desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, incluidas las relacionadas con el registro electoral, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales de conformidad con la ley electoral”.
No obstante, el CNE no efectuó por lo menos tres de las auditorías fundamentales que debían celebrarse tras las elecciones, como la de datos electorales fase II, prevista para el 5 y el 8 de agosto y que debía verificar el banco de huellas dactilares, revisar su calidad y que se correspondan con las del registro electoral.
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