La cárcel de Tocorón en Aragua, reabierta para recluir a detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, tiene un 35 % más de reclusos de lo que su capacidad permite, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG detalló que esta prisión ubicada en el estado Aragua tiene capacidad para 750 internos. En un comunicado estimó, sin embargo, que hay 1.012 reclusos.
El Centro Penitenciario del estado Aragua, mejor conocido como cárcel de Tocorón, cerrado en septiembre de 2023, fue reabierto en agosto de 2024 para albergar a detenidos en el marco de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales.
A pesar de que Tocorón superó su capacidad, entre familiares de detenidos se tiene información de que más presos serán trasladados a esta prisión.
De hecho, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que al menos 60 reclusos fueron trasladados en 10 autobuses, la noche del sábado 9 de noviembre, desde la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, hasta Tocorón.
El OVP manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación de los presos políticos en Tocorón, quienes -aseguró- son víctimas de condiciones de hacinamiento, tratos crueles y la negación de derechos humanos fundamentales.
“Exigimos su liberación inmediata y sin restricciones”.
Condiciones
El OVP consideró que las condiciones de los presos políticos en la cárcel de Tocorón reflejan un desafío adicional “dentro de una ya crítica situación penitenciaria en todo el territorio nacional”.
Mencionó que además del hacinamiento y las deficiencias en servicios básicos, como el acceso a atención médica y alimentación adecuada, “los presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones y restricciones más duras”.
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Según la organización, el aislamiento y la incomunicación forzada son prácticas que los familiares de los presos políticos denuncian con frecuencia.
Esta situación agrava las condiciones de reclusión y limita las posibilidades de una defensa adecuada y de contacto con el mundo exterior, agregó.
Violación de derechos
El observatorio destaca en el comunicado que la imposibilidad de los detenidos de realizar actividades físicas afecta su salud mental y física, y la falta de acceso a la educación limita las opciones de reinserción social.
Humberto Prado, director del OVP, mencionó que las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen un marco para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El observatorio, sin embargo, denunció que en Venezuela se violan flagrantemente algunas de estas reglas como el derecho a la dignidad humana y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El OVP recordó que familiares han denunciado que los presos políticos “son sometidos a tortura, aislamiento prolongado y abuso psicológico como forma de represalia o para obtener confesiones”.
Otros principios vulnerados -según el observatorio- son el derecho a la atención médica, a la alimentación y al agua potable, a la defensa y al debido proceso.
