Luego de que se hiciera pública la suspensión de las operaciones de los Bomberos de la Universidad de Carabobo (UC) fuera de la institución, el vicerrector de la casa de estudios, José Ángel Ferreira, acompañado del comandante del organismo, Mayor Carlos Trocóniz, solicitó al gobernador de de Carabobo y a la alcaldesa del municipio Naguanagua, que intervengan para que se les permita a los uniformados seguir cumpliendo sus funciones de protección y ayuda bomberil a la comunidad.
En una declaración conjunta, Ferreira y Trocóniz explicaron a la comunidad carabobeña y, en especial, a la de Naguanagua, la situación particular que vive este cuerpo bomberil, al recibir la orden de no prestar apoyo a la comunidad, más allá de los límites del campus universitario, según oficio emitido por el inspector general nacional de bomberos, José Antonio Bermúdez Castillo, adscrito al viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Interior y Justicia.
Este cuerpo, que cuenta con más de 48 años de servicios ininterrumpidos, inició sus funciones como bomberos de la Parroquia Naguanagua y, posteriormente, tras el cambio a Municipio Naguanagua en 1994, ha superado con creces su carácter inicial de proyecto de extensión universitaria.
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Problema de interpretación
El vicerrector detalló que desde sus inicios, la institución se ha desempeñado como un cuerpo de bomberos urbanos, es decir, profesionales, cumpliendo con las tres leyes que lo han regido a lo largo de estas casi cinco décadas.
A partir de 2015, con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, surgió un conflicto con el artículo 105, el cual establece que los bomberos universitarios solo pueden operar dentro del campus, bajo autorización de la estación más cercana.
El problema radica en la interpretación que, desde 2015, ha ignorado que los Bomberos Universitarios y del municipio Naguanagua no son voluntarios, sino una tropa profesional, con un convenio suscrito con el municipio desde su creación, el cual reemplazó al anterior acuerdo con la alcaldía de Valencia cuando Naguanagua aún dependía de ella.
Ambos convenios están respaldados por la Gaceta Oficial de la Cámara Municipal de Naguanagua, que los incluyó en la Ordenanza sobre el Régimen de Tasas por Servicios No Emergentes prestados por el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil de la Universidad de Carabobo, del 1 de octubre de 2015.
Ese mismo año, el Consejo Universitario aprobó una modificación del acta constitutiva del Cuerpo de Bomberos para adaptarla a la nueva ley, dejando claro su carácter profesional.
Esta situación, bajo el marco de la nueva ley, se ha mantenido durante 10 años y ha sido reconocida por las distintas autoridades de la Comandancia Nacional de Bomberos.
Bomberos en cumplimiento de sus funciones
Ferreira y Trocóniz recordaron que, durante estos 10 años, se han cumplido todas las exigencias legales, se han recibido recursos de la Dirección Nacional, se ha colaborado activamente con los organismos de seguridad del Estado en operativos convocados por el Ministerio da Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se han atendido emergencias (incendios, fugas de gas, desastres), y se han tramitado los permisos correspondientes ante la Alcaldía y la Cámara Municipal.
"Ahora se pretende aplicar una interpretación restrictiva del artículo 105, impulsada por una autoridad de menor rango que la alcaldía de Naguanagua, la gobernación de Carabobo y el propio Ministerio".
En los últimos días, se han realizado reuniones de carácter nacional con la Dirección General de Bomberos y la alcaldía de Naguanagua, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita normalizar las operaciones de este cuerpo bomberil.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes. Los Bomberos de la Universidad de Carabobo y del municipio Naguanagua fueron declarados Patrimonio Cultural de Naguanagua y forman parte de la identidad de este municipio universitario. No es viable transferir abruptamente estos servicios al Municipio Valencia, ya que sería un acto incoherente y un desprecio a Naguanagua, además de contradecir normativas vigentes que hacen inviable este proceso”, señalaron Ferreira y Trocóniz.
Por ello instaron al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al gobernador del estado, Rafael Lacava, y a la alcaldesa de Naguanagua, Ana González, a buscar una solución consensuada que no perjudique a la ciudadanía ante cualquier emergencia que se presente en el municipio con más de 200 mil habitantes y un campus con 35 mil estudiantes.
Con información de nota de prensa.
