La junta directiva de la Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar (Feproagro), junto a sus asociaciones afiliadas, denunció que el sector atraviesa una crisis debido al desabastecimiento de combustible, el deterioro de la vialidad agrícola y serias irregularidades en la gestión del plan nacional contra la fiebre aftosa que los puede llevar a la paralización casi total del campo afectando la soberanía alimentaria del sur del país.
El gremio, que agrupa a nueve asociaciones de la región, advirtió que la inacción oficial y la falta de articulación entre los entes gubernamentales amenazan con dinamitar el esfuerzo de los productores locales.
El colapso energético representa uno de los nudos más críticos para la producción local, por ello, Pedro Díaz, presidente de Feproagro, alertó que diversos sectores acumulan más de dos meses sin recibir gasoil, insumo indispensable para el funcionamiento de tractores, maquinaria pesada y sistemas de riego.
Díaz fue enfático al señalar que pasar dos meses sin combustible es prácticamente paralizar la actividad agropecuaria, pues la agricultura y la ganadería se mueven a diésel, por lo que si las máquinas se detienen, la mesa de los guayaneses se queda vacía.
Flete privado no regulado
A este panorama se suma el severo impacto en los costos de producción derivado de las distorsiones en la distribución, Antonio Delfino, presidente de la Asociación de Ganaderos del Yuruari (Asogayu), denunció que, aunque el precio oficial del combustible industrial es de 0,50 centavos del dólar por litro, en Bolívar se les cobra a 0,65 centavos del dólar bajo el argumento de un flete privado no regulado.
Peor aún, la migración obligatoria hacia empresas distribuidoras privadas a través del sistema Gasco del Ministerio de Hidrocarburos elevaría el litro de gasoil hasta un dólar en municipios como Sifontes.
Delfino enfatizó que esta anomalía en la estructura de costos ocurre exclusivamente en el estado Bolívar, lo que restringe la competitividad del sector y a esto se añade la escasez generalizada de gasolina en municipios como Roscio, donde solo despachan dos cisternas semanales para toda la población, limitando a 40 litros por vehículo el traslado de los productores hacia sus unidades de producción.
Fallas en la campaña contra la fiebre aftosa
En el ámbito sanitario, la directiva de Feproagro expuso serias fallas en la campaña contra la fiebre aftosa, la cual calificaron de secuestrada institucionalmente por las autoridades del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (Insai).
Explicaron que se han exigido pruebas de brucelosis y sangrados como requisito previo e ilegal para otorgar avales sanitarios dentro del ciclo de vacunación, entorpeciendo el proceso y bloqueando el acceso de los ganaderos al sistema Sigesai.
A pesar de las trabas, el sector privado logró inmunizar de forma consciente entre el 70 y 80 por ciento del rebaño regional.
Sin embargo, Feproagro advirtió sobre la inconsistencia de las cifras oficiales presentadas ante organismos internacionales como la Cosalfa y Panaftosa/OPS, señalando que no se puede justificar a nivel internacional una vacunación de 9 millones de animales cuando la importación y la producción nacional de dosis apenas alcanzaron los 6 millones.
Esta falta de sinceración compromete el estatus de Bolívar, una entidad catalogada estratégicamente como Zona 1 y proyectada para ser la primera región declarada libre de aftosa con vacunación en Venezuela, el único país de Sudamérica que aún no logra erradicar la enfermedad.
Para resolver este estancamiento, Feproagro planteó consolidar un convenio transfronterizo con el estado de Roraima en Brasil, entidad actualmente libre de aftosa sin vacunación, con el fin de recibir asistencia técnica, capacitación profesional para médicos veterinarios y transferencia de metodologías para lograr la certificación internacional.
Vías de penetración intransitables
Por su parte, Raúl Machado, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Manteco (Asogaman), subrayó que la crisis energética se potencia con el avanzado estado de deterioro de los caminos de penetración rural, explicando que la vialidad y el combustible forman una misma cadena en la que, si falla un eslabón, colapsa el abastecimiento.
Por ello exigió al gobierno regional y nacional la urgente asignación de un plan de bacheo y maquinaria pesada para restaurar las rutas internas, enfatizando que sin caminos transitables es imposible ingresar insumos a las fincas o trasladar la leche y la carne hacia los centros de consumo.
Ante este panorama, la representación agropecuaria de Bolívar fijó una postura clara exigiendo la regularización inmediata y transparente de los despachos de diésel, la eliminación de sobreprecios en el combustible para restituir la tarifa oficial de 0,50 centavos del dólar por litro, y la instalación de una mesa de trabajo técnica entre la Gobernación, el Insai, el Colegio de Médicos Veterinarios y Feproagro para destrabar los permisos sanitarios y ejecutar el plan de rescate vial.
El gremio reiteró su disposición al diálogo con las autoridades, pero dejó claro que la seguridad alimentaria de Bolívar y del país no puede seguir supeditada a trabas burocráticas ni a la parálisis energética del campo.
