Crónica Uno
Caracas. Como «una profesión de alto riesgo» describe Joel García, abogado y defensor de derechos humanos, el ejercicio de la abogacía en la Venezuela de hoy. El jurista alega que la misma situación de riesgo impide que los profesionales del derecho se pronuncien sobre el Estado de derecho, a pesar de ser los más idóneos para ello.
“Todos en Venezuela están en riesgo de ser perseguidos, encarcelados, aun cuando no haya cometido delito. Basta que usted haya sido incómodo o diga algunas palabras incómodas para algún personero, o para el Gobierno, para que usted pueda ser perseguido”, dijo.
Martha Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, expresó que en los últimos años quienes trabajan en pro de la defensa de derechos humanos son estigmatizados, atacados y criminalizados por el ejercicio de su labor y por atender personas consideradas como presos políticos.
Aparte de lo mencionado anteriormente, los especialistas del derecho pueden sufrir amenazas, persecución y ser víctimas de intimidación por denunciar irregularidades y violaciones de derechos humanos. Tal es el caso del abogado Joel García. Por agresiones relacionadas con su trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en mayo de 2024.
Abogados enfrentan estigmatización
De acuerdo con Foro Penal, tras las manifestaciones postelectorales, hay 21 abogados privados de libertad. Al menos a cuatro los detuvieron por el ejercicio de sus labores.
Uno de los casos más públicos fue el de Kennedy Tejeda. Al abogado del Foro Penal lo arrestaron cuando fue al comando rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán, estado Carabobo, el 2 de agosto. El profesional pretendía brindar asistencia legal gratuita a quienes pudieran haber sido detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones poselectorales.
Suspensiones
Las suspensiones del ejercicio profesional y las multas tampoco quedan fuera de la lista. Recientemente, la abogada María Alejandra Díaz la suspendieron de manera indefinida y la multaron con una suma de 100 euros. Todo por ejercer un recurso de amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no publicar de forma desagregada los cuestionados resultados de la elección presidencial del 28 de julio.
La medida contra la abogada la dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Una fuente extraoficial explicó que esa sentencia del TSJ “levantó el primer precedente” debido a que la Sala Constitucional “se atrevió” a sancionar con una suspensión del ejercicio profesional a un abogado.
“Y eso puede significar que la Sala Constitucional se atreva a suspender en el ejercicio profesional a otros abogados, aun cuando la Sala Constitucional no tiene esa atribución. Los únicos que tienen esa atribución son los colegios de abogados o tribunales disciplinarios”.
En ese mismo sentido, García manifestó que la ley establece claramente que el tribunal disciplinario es el que puede suspender la licencia de un profesional del derecho. Igualmente, destacó que a un abogado lo pueden suspender en caso de que tenga una sentencia condenatoria.
La fuente extraoficial informó que existen otros casos en los que a los abogados los sancionaron por usar determinadas expresiones en escritos y recursos jurídicos. Palabras como “gobierno ilegítimo”, “gobierno inconstitucional” o expresiones que pusieron en cuestionamiento o contraloría social a las autoridades públicas, especialmente a altas autoridades.
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