Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció al menos 228 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela e instó al gobierno a liberar a los periodistas encarcelados en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El pronunciamiento de RSF forma parte de la presentación del informe “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela”, que abarca el período entre el 1 de julio y el 28 de agosto y que fue elaborado en conjunto con siete organizaciones como Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Committee to Protect Journalists (CPJ), entre otras.
En el documento se denuncia el miedo, la intimidación y la autocensura que rodean las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando fue anunciada la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro sin que se revelaran resultados desagregados mesa por mesa.
Al menos 2.400 personas resultaron arrestadas en el marco de las manifestaciones contra el cuestionado resultado electoral, que según la oposición realmente otorga la victoria a su abanderado Edmundo González Urrutia.
Las organizaciones protestaron por la detención arbitraria de al menos ocho periodistas y exigieron su inmediata puesta en libertad.
El informe destaca, además de los arrestos, el bloqueo de al menos 29 portales informativos y de organizaciones no gubernamentales en el marco de las elecciones y la anulación de pasaportes a periodistas desde el día 28 de julio.
También se reflejó el cierre el cierre de 345 medios de comunicación entre 2013 y 2024, período en el que, bajo el mandato de Maduro, se acentuaron las estrategias para debilitar el estado de la prensa y el ecosistema de medios.
Ninguno de estos obstáculos reportados obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Comunicación e Información, pese a las solicitudes realizadas por las organizaciones.
Pre y post elecciones
Según datos del informe, previo a la jornada electoral del 28 de julio se registraron 98 agresiones contra la prensa.
Los periodistas que cubrieron las protestas de calle contra un posible fraude electoral, enfrentaron agresiones e intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad. Y, ante el rumor de posibles detenciones, muchos comunicadores optaron por resguardarse.
De acuerdo con los datos recopilados por Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), citado en el informe, de las 228 violaciones contra la libertad de prensa que registró en total, 49 estuvieron vinculadas con hechos de amedrentamiento y criminalización.
Según el IPYS, entre el 1 de julio y el 28 de agosto se registraron al menos 62 agresiones físicas y verbales contra la prensa. Del total, 39 estuvieron relacionadas con hechos de amedrentamiento y acciones que buscan infundir miedo sobre los trabajadores del sector.
Además, 11 periodistas extranjeros fueron detenidos arbitrariamente y expulsados.
Leyes para perseguir y arrestar a periodistas
Además, RSF cuestionó la aplicación de la llamada Ley contra el Odio para perseguir y aprehender a periodistas.
Indicó que varios arrestos de comunicadores estuvieron basados en esta ley. Imputaron cargos que van desde terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, y resistencia a la autoridad, cuyas penas oscilan entre los 12 y 20 años de cárcel.
El informe destaca que el paradero exacto de algunos comunicadores es incierto. Menciona que de acuerdo a datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR), la cifra de periodistas encarcelados alcanza 16.
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El informe recogió la anulación de pasaportes a periodistas desde el día 28 de julio, que en ocasiones ocurrió después de realizar algunas coberturas, lo cual da a entender que podría tratarse de una represalia gubernamental.
Asimismo, cuestionó el bloqueo de al menos 29 sitios web de medios y organizaciones de prensa por el accionar del gobierno.
La persecución afectó a la ciudadanía también. Según el monitoreo realizado por la organización Redes Ayuda, en este período hubo al menos 13 casos de imputaciones de cargos y detenciones arbitrarias en contra de ciudadanos a causa de comentarios realizados en redes sociales.
Recomendaciones al Estado venezolano
El informe recomendó al Estado Venezolano poner inmediatamente en libertad a los ocho periodistas que siguen encarcelados, garantizar acceso inmediato a los resultados detallados del escrutinio del 28 de julio y poner fin al abuso del sistema judicial para silenciar a la prensa.
También detener el uso de concesiones y medidas administrativas como forma de control de medios radiales y televisivos, suspender la anulación de pasaportes a periodistas y comunicadores sin información previa o motivación y desbloquear los portales, sitios de noticias y plataformas verificadoras, cuyo acceso quedó restringido.
Asimismo, el informe recomienda a la comunidad internacional facilitar un diálogo directo y abierto con los organismos que operan dentro y fuera del país para establecer canales de comunicación directa en situaciones de riesgo y emergencia para periodistas y medios de comunicación.
