Juan Luis González, abogado de Rocío San Miguel, aseguró este miércoles que no hay garantías para la recuperación de la activista a una operación a la que será sometida, por una fractura en un hombro, mientras ésta continúe en prisión.
El pronunciamiento ocurre luego que el martes 10 de diciembre fueran filtradas una imágenes en la que aparece la presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde hace 10 meses, siendo atendida por personal de salud.
El abogado explicó en X que la lesión en el hombro ocurrió tras una caída hace aproximadamente cuatro meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como consecuencia de una laberintitis informada que no fue debidamente tratada.
San Miguel acusó dolores agudos tras la caída y solo le suministraron analgésicos -de manera irregular- que su hija entregó, según González.
El jurista contó que en un control médico de rutina una profesional de la medicina advirtió sobre una deformidad en el brazo derecho y el dolor que sufría San Miguel.
Después de la evaluación fue ordenado un estudio de imágenes que concluyó con el diagnóstico de una fractura de consolidación viciosa, que requiere intervención quirúrgica, por la ausencia de tratamiento en glenoides del hombro derecho.
El abogado consideró que el retardo en ordenar los estudios de imagen en una paciente que acusaba dolor demuestra que en el centro de reclusión “no están en capacidad y no tienen la disposición de dispensar la atención necesaria”.
“No hay garantías que tras una intervención de esta naturaleza, con un posoperatorio complicado y la necesaria y posterior rehabilitación, sea debidamente cumplida por la administración penitenciaria”.
Medida cautelar por razones humanitarias
Ante el escenario narrado, el abogado sostuvo que es necesario otorgar una medida cautelar por razones humanitarias que permita a San Miguel ser atendida por personal médico de su confianza, recibir los cuidados en el posoperatorio y cumplir con el proceso de rehabilitación.
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Gonzalez insistió en que no se puede olvidar que Rocío San Miguel tiene 10 meses privada de libertad y cuatro meses desde el incidente, que no perpetró delito alguno y que se le ha violado el debido proceso.
La activista está detenida desde el 9 de febrero por supuestamente entregar información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
El inicio del juicio está programado para el miércoles 18 de diciembre. Su abogado espera que sea decretada la libertad.
