La Corte Suprema de Estados Unidos pareciera no ser tan complaciente con Donald Trump como él mismo esperaría. Especialmente porque fue el propio Trump quien nombre a tres de los nueve miembros actuales del máximo tribunal del país norteamericano. Sin embargo, las decisiones recientes en lo relacionado con la migración indican que la balanza puede que esté más pareja de lo que se pensaba.
Pese a que Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar masivamente a hombres venezolanos en Estados Unidos, una orden de un juez federal frenó esta medida casi de inmediato. Aunque Trump hizo caso omiso ese día, no volvió a deportar a personas con este argumento hasta que la propia Corte Suprema le dio la autorización para ello, hace un par de semanas.
Sin embargo, el 20 de abril se conoció que el máximo tribunal norteamericano detuvo al gobierno de una deportación de varios migrantes venezolanos detenidos en Texas. La orden, bastante breve, era específica al decir que los venezolanos detenidos en el Bluebonnet Detention Center no podrían ser enviados a El Salvador haciendo uso de la ley de enemigos extranjeros “hasta que se dé una nueva orden de esta corte”.
La medida, evidentemente, fue apelada de inmediato por el gobierno de Trump, pero hasta la fecha no ha logrado su cometido. La deportación sigue en pausa y se espera que la Corte Suprema emita alguna decisión en los próximos días o semanas.
¿Qué pasa entre la Corte Suprema de Estados Unidos y Donald Trump?
Lo normal en cualquier país con estado de derecho es que exista independencia de poderes. Eso, en Venezuela, es un recuerdo lejano. Sin embargo, en Estados Unidos todavía se pueden ver ejemplos de que esta forma de separar las leyes de la política funciona. Aunque el gobierno se moleste, se ha visto obligado a acatar medidas de jueces federales y, en última instancia, de la propia Corte Suprema.
Sin embargo, esto sorprende. Tres de los nueves jueces que componen el máximo tribunal fueron nombrados por Trump, pero otros tres recibieron nombramiento de George Bush. Es decir, seis de los nueve jueces de la Corte Suprema tienen tendencias conservadoras. Los tres restantes fueron nombrados por Barack Obama (2) y Joe Biden (1).
Por ende, se esperaría que los jueces, que ya han tenido medidas polémicas en otros momentos, como lo relacionado con el aborto, pudieran fallar en beneficio de Donald Trump y su gobierno. Esto no ha ocurrido del todo, pero sí en alguna medida. Fue la propia Corte Suprema la que, el 7 de abril, le dio un permiso ambiguo a Trump para utilizar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos. Además de catalogarlos como enemigos de la nación, esta ley da facultad a las autoridades norteamericanas a deportar sumariamente a cualquier hombre venezolano mayor de 14 años de edad.
Pero la luna de miel entre la Corte Suprema y Donald Trump duró poco. Aunque el máximo tribunal no ha sido convocado para nada relacionado con el TPS o el parole humanitario, sí lo fue para que tomara una decisión sobre las deportaciones masivas bajo la ley de enemigos extranjeros y su decisión es que, temporalmente, los venezolanos detenidos en Texas no podrán ser enviados a El Salvador. Las apelaciones se dieron el mismo sábado y, en la mitad de la noche, la Corte Suprema respondió ratificando su decisión y no dejando lugar para más discusiones hasta que se tome una nueva decisión.
¿Los venezolanos están protegidos en Estados Unidos?
La migración venezolana ha sido el principal objetivo del gobierno de Donald Trump desde que este asumió el poder el pasado 20 de enero. Sin embargo, casi todas las medidas empleadas por Trump se han visto frenadas por cortes federales. De momento, la Corte Suprema no se había involucrado en el tema hasta ahora.
No obstante, esto no quiere decir que todos los venezolanos estén protegidos en el país norteamericano. Si bien es cierto que hay protección para quienes tienen TPS o parole humanitario, todavía queda esperar que la Corte Suprema tome una siguiente decisión sobre las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros.
Organizaciones locales e internacionales se han expresado en contra de esta regulación que pone a todos los migrantes venezolanos como potenciales enemigos de Estados Unidos y que, además, permite deportaciones casi inmediata y sumarias.
La Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu, en inglés), ha sido una de las que más reclamos ha hecho al gobierno de Trump, pero también a los diferentes organismos del Estado para qur respondan por las acciones que han tomado y, especialmente, le den información a las organizaciones, así como a los familiares de las personas afectadas.
De momento, los venezolanos detenidos en Texas son los principales protegidos por la Corte Suprema, pero indirectamente también puede funcionar de paraguas para los venezolanos detenidos en otros lugares, como en Nueva York y otras partes de Estados Unidos. No quiere decir que el gobierno de Trump no los pueda deportar, pero sí quiere decir que no pueden ser enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, como ocurrió con los 252 migrantes venezolanos que siguen tras las rejas en un proceso sumamente polémico e irregular.