Las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la situación en Venezuela trajeron cola. Una respuesta del gobierno de Nicolás Maduro en rechazo a los señalamientos realizados y una oposición que rescata los dichos del fiscal.
Para el periodista Edgar López, especializado en temas de derechos humanos, las declaraciones del fiscal de la CPI sobre la situación en Venezuela y la aprobación de leyes que restringen el espacio cívico envían un mensaje muy claro al gobierno de Maduro.
“El fiscal ha dicho dos cosas muy importantes: está agotando el tiempo (para investigar los crímenes que se han cometido) y dijo que la pelota está del lado del gobierno venezolano, el fiscal también habla del asunto de los presos políticos y dice que se está considerando incorporar este asunto a la investigación que lleva la CPI por las acciones desde 2014”, le dijo el periodista a Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y a Xabier Coscojuela, integrante del Consejo Editorial de Tal Cual durante la penúltima emisión del Cocuyo Claro y Raspao de 2024.
López mencionó la posibilidad de que las protestas postelectorales se sumen a las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que ya se llevan a cabo en la CPI.
«Este pronunciamiento podría considerarse como un pronunciamiento de admisibilidad y la fiscalía dice que los hechos sucedidos durante las protestas postelectorales pueden sumarse a las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
El profesor universitario y especialista en derechos humanos resaltó la preocupación de la CPI por la situación de los presos políticos en Venezuela y no descartó que se esté considerando incorporarla a la investigación que adelanta.
“Lo importante de este debate es que los crímenes de lesa humanidad también se litigan ante la opinión pública y por eso es importante que las personas se enteren de los que dice el fiscal Karim Khan y conozcan la respuesta, pero también es importante que la gente se sume a esta discusión”, indicó.
El abogado también precisó el proceso de investigación que realiza la CPI y aclaró que la investigación aún necesita sustanciarse. “El equipo de la fiscalía está integrado por 400 personas, todas ellas deberían estar buscando un caso que servirá para armar ese caso y sustanciar el caso. No hay un caso y no se ha presentado, pero eso puede ocurrir en cualquier momento”, puntualizó.
Las restricciones al espacio cívico
«La ley contra las ONG hace inviable el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y sus sanciones están basadas en normas muy vagas. Eso viola el principio de aplicabilidad. Ninguna de las leyes aprobadas que comprometen el espacio cívico no cumplen con esas garantías sino que hay normas vagas que permiten su aplicación discrecional. ”, analizó López sobre dos leyes que recién fueron aprobadas por la Asamblea Nacional de mayoría chavista.
López critica su vaguedad y la posibilidad de aplicación discrecional, lo que las convierte en herramientas para la persecución política. «Nicaragua es el referente más próximo de lo que ocurre en Venezuela en torno a la restricción del espacio cívico”, consideró.
El periodista explicó que la Ley Libertador se sancionó de modo “fast track” en respuesta a las nuevas sanciones contra 21 funcionarios. “La ley Libertador parece que se basa en la doctrina del enemigo interno. Es decir, la oposición real o percibida, la prensa independiente también se percibe como un enemigo interno y ahí se dirige la sanción punitiva”, expresó.
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