La ONG Espacio Público denunció que durante el recién finalizado mes de noviembre en Venezuela repuntaron los casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión. «En total, documentamos 21 casos que se tradujeron en 27 violaciones, principalmente actos de intimidación y censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación», asegura la organización.
Espacio Público asevera que 10 de las 25 víctimas de violaciones a la libertad de expresión registradas involucraron a la ciudadanía, seguida de cinco medios de comunicación, tres ONG o miembros, tres periodistas, dos particulares, un medio general y una página o plataforma web.
«El 40 % de las violaciones a la libertad de expresión en noviembre fueron actos de intimidación (11), seguidas por nueve actos de censura. El total lo completaron tres hostigamientos judiciales, dos restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal», añade en un informe.
Documentaron además siete victimarios: dos funcionarios, dos instituciones del Estado, un cuerpo de seguridad, un desconocido y un miembro del Ejecutivo.
Algunos de los casos
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron en el estado Zulia (oeste) el 5 de noviembre al creador de contenidos Ángel David Perozo, conocido en internet como “David Lamichi”, a quien acusaron de incitar al odio a través de las redes sociales y de “afectar” la “imagen del gobierno nacional”.
El informe incluye también que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el 28 de noviembre en segunda discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar “contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que contempla hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, entre otras medidas penales, a quienes soliciten, apoyen y/o difundan información sobre las sanciones al Estado venezolano.
En el artículo 19 del proyecto de ley se estableció que los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos o que operen en redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en caso de que los órganos del Estado consideran que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales.
Igualmente, denuncian el pase a juicio de la periodista y corresponsal de La Patilla, Ana Guaita, fue pasada a juicio y privada de libertad en una audiencia celebrada el 11 de noviembre, tres meses después de su detención arbitraria en el contexto de las manifestaciones postelectorales.