Este 28 de abril se cumplen nueves meses de las elecciones presidenciales sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya publicado los resultados electorales en Gaceta y mostrado, mesa por mesa, las actas de votación que probarían el anuncio que dio el presidente del organismo comicial, Elvis Amoroso, a favor de Nicolás Maduro.
El principal vehículo para mostrar dicha información, la página web del CNE, sigue apagada, aunque expertos advierten que el dominio ha estado en uso para la organización de las elecciones regionales y parlamentarias 2025.
La administración de Maduro, afirman analistas consultados, gobierna sin la legitimidad del voto y con el apoyo del aparato militar y policial y las consecuencias de esa falta de legitimidad la padecen con «crudeza» los venezolanos desde el punto de vista económico y social.
“Decaimiento general de la Constitución”
La política de Estados Unidos hacia Venezuela, se sostiene, ha abonado a que el chavismo se puedan mantener en el poder sin mayores obstáculos.
Consideran que el triunfo electoral de Edmundo González demostrado por la oposición con 85% de las actas aún es “cobrable”, aunque no desestiman la propuesta de nuevas elecciones si se reactiva una negociación y se dan las condiciones.
“Continúa vigente el 28 de julio por ser expresión de la soberanía popular. La oposición mostró las actas de sus testigos, mientras la Fuerza Armada (Fanb) a través del Plan República se guardó el sobre número 1 y el CNE se sigue negando a entregar los resultados electorales desglosados. Si hubieran podido demostrar que Maduro ganó las elecciones ya lo hubieran hecho, pero ni siquiera han podido refutar las actas de la oposición”, afirmó el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara.
A nueve meses de las presidenciales, subrayó, Maduro “gobierna sin legitimidad” en un país donde hay una “calma” derivada del control armado del territorio.
“Hay una calma chicha como dirían los marineros. No hay viento y la mar está en absoluta calma, pero es lo que sucede antes de una tempestad. Hay pesimismo entre los venezolanos por la devaluación del bolívar que no se detiene, la voracidad fiscal, malos servicios públicos, colapso del sistema educativo, irrespeto a los derechos humanos. Hay un decaimiento general de la Constitución”, sostuvo.
“Convivencia tácita”
Para la politóloga Nastassja Rojas, el factor de la máxima presión internacional para lograr un cambio democratico en Venezuela, que a estas alturas parece haber quedado relegado porque las prioridades son otras, también han contribuido a que Maduro siga en el poder con “relativa comodidad” pese a un resultado electoral adverso.
“Con EEUU parece haberse negociado una convivencia tácita por el tema del envío de migrantes a Venezuela, en un proceso violatorio de los derechos humanos. Las decisiones en materia económica del gobierno de Trump (sanciones petroleras, aranceles) han llevado a la administración de Maduro a justificar decisiones que seguramente ya habían tomado desde el mes de julio, como el decreto de emergencia económica”, señaló.
Venezuela sigue recibiendo vuelos con migrantes deportados de EEUU, mientras se está a la expectativa de lo que finalmente ocurra con la permanencia de la petrolera Chevron, cuya salida fue aplazada hasta el 27 de mayo. Trump también pausó por 90 días (desde el 9 de abril) la medida de aumento arancelario para las importaciones provenientes de países que no anunciaron represalias entre ellos Venezuela, a la que se le fijó 15% de aranceles.
El consultor en opinión pública José Vicente Carrasquero suma al escenario “favorable” de la permanencia de Maduro el repliegue de la oposición mayoritaria por efecto del aparato represivo post electoral, con saldo de políticos y ciudadanos comunes detenidos, en la clandestinidad o forzados al exilio.
A la fecha, la ONG Foro Penal registra 903 presos por motivos políticos, de los cuales 736 son civiles; 167 militares y cinco adolescentes (14 a 17 años). Entre los privados de libertad está el excandidato presidencial, Enrique Márquez; el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano; de Convergencia, Biagio Pilieri, y de Acción Democrática, Williams Davila, entre otros. Otros, como la líder opositora María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia (PJ), permanecen fuera de las calles y de actos públicos por la amenaza de detención.
No deja de mencionar la salida a escena de una “oposición funcional” (llave Manuel Rosales y Henrique Capriles) que, a su juicio, aceptó el juego electoral de Maduro, a pesar de lo ocurrido el 28 de julio.
“A pesar de este clima electoral que se quiere imponer, en mi opinión, lo electoral como mecanismo a través del cual se pueden resolver algunos de los problemas que sufren los venezolanos ha quedado anulado”, dijo Carrasquero.
Negociaciones lucen lejanas
Los analistas coinciden en que la reactivación de un proceso de negociación entre Miraflores y la oposición de la que incluso se ha planteado que salgan nuevas elecciones lucen muy lejanas.
“El madurismo no ve ninguna amenaza que lo obligue a negociar y cuando hablo de amenaza es la que pudiera ejercer EEUU y otros países y el pueblo venezolano a través de distintos mecanismos. Por lo pronto, esa cúpula sólo está preocupada, no por solucionar los problemas de los venezolanos, sino por mantener su estilo de vida dentro de Venezuela, ya que no pueden salir y pagar el precio que haya que pagar”, agregó Carrasquero.
Alcántara subraya que la negociación sigue siendo una fórmula, pero sin el respeto de una de las partes participantes, carece de sentido.
“La negociación (Acuerdo de Barbados) que condujo al 28 de julio pudo servir para que Venezuela saliera de la crisis, pero se irrespetó con temas como las inhabilitaciones políticas y luego la gente votó masivamente a favor de un cambio político y ese resultado fue desconocido. Sigue siendo un instrumento, pero no se puede negociar de manera perpetua si una de las partes no acata lo firmado”, enfatizó.
Al desmarcarse de la participación electoral de este 25 de mayo, la Plataforma Unitaria Democrática, en línea con María Corina Machado, plantea en una hoja de ruta un proceso de negociación que anteponga “la verdad” del 28 de julio.
“En mi opinión, las elecciones del 28 de julio fueron legales, el pueblo se pronunció y ese resultado tiene absoluta vigencia. Pero sí se da una nueva negociación, y esa opción se pone sobre la mesa, debe valorarse con ciertas condiciones y sin pasar la página”, apuntó Alcantara.
Para Carrasquero, dos de esas condiciones deben ser un Poder Electoral políticamente independiente en su totalidad, sin correlaciones de tres rectores a dos y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas injustas. Aunque no ve con mucho optimismo dicho escenario porque el madurismo, afirmó, sabe que perderá como ocurrió el 28 de julio.