El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, afirma sin medias tintas que el país no vive bajo un régimen democrático ni existe Estado de derecho”, debido al “uso político” que se le da a la administración de justicia y porque quienes gobiernan desde Miraflores actúan al margen de la Constitución.
En entrevista con Efecto Cocuyo, el abogado constitucionalista advirtió sobre los riesgos de la reforma constitucional planteada por Nicolás Maduro y subrayó que, ante la falta de contrapeso institucional para subsanar cualquier exabrupto que resulte de la iniciativa, las universidades tienen el deber de alzar su voz para alertar a la población venezolana.
Sobre el evento electoral fijado para el 25 de mayo, destaca que cree en el voto pero sí sirve, como herramienta de derecho ciudadano, para cambiar una realidad. Pareciera, advirte, que eso no está planteado para los venideros comicios, que duda en llamar elecciones.
“No hay Estado de derecho”
– ¿Cuál es su diagnóstico sobre el Estado de derecho en Venezuela?
-El Estado de derecho significa que todos estamos sometidos a la ley, pero en Venezuela no todos estamos sometidos a la ley. Los ejemplos son miles. El sometimiento de todos a la ley es lo que garantiza que todos seamos iguales y en el país no lo somos.
-¿El Poder Público en Venezuela está sometido a la ley? Creo que no. El gobierno y sus dependencias no están sometidos a la ley ni a la Constitución, que es la primera ley que todos debemos acatar. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reitera en sus sentencias que no está sometido a la ley, que parece que está por encima de la Constitución. El gobierno no está sometido a la ley porque tiene a ese TSJ que lo ampara, protege y complace. No tienen freno, ni control.
– ¿Uno de esos ejemplos es la existencia de presos por motivos políticos?
-Decir que en Venezuela hay presos políticos es confirmar que no vivimos en democracia. ¿Quiénes son? ¿Solamente los dirigentes políticos? Los hay en todos los sectores, dirigentes sociales, comunales, pequeños operadores políticos, otros simplemente por haber sido testigos y miembros de mesa, otros por haber obtenido las actas de votación y entregarlas al comando de Edmundo González.
-Tampoco son solo los civiles, a gran escala hay funcionarios de la Fuerza Armada presos por motivos políticos, por no apoyar las decisiones del gobierno. Además esos presos políticos son torturados física y psicológicamente, vejados, privados de comida; han muerto, se les priva del derecho a la defensa, del debido proceso. Una de las causas por las cuales la gente emigra es porque se siente perseguida por su manera de pensar, de votar.
– Desde el punto de vista de la Constitución, ¿En que categoría entra el sistema de gobierno que tenemos actualmente?
-Podemos decir sin lugar a dudas que estamos al margen de la Constitución, el gobierno y todas las instituciones.
-Un ejemplo muy claro es el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con la ley de procesos electorales, el TSJ no se atuvo a la ley que lo rige que no le daba competencias para conocer un recurso presentado por Maduro, quien se juramentó sin que haya resultados electorales. La Fuerza Armada acató unos supuestos resultados que aún no están publicados en Gaceta Electoral.
– A casi nueve meses de las presidenciales, hay quienes creen que procede una nueva elección porque ya no creen posible que el CNE muestre esas actas de votación. ¿Cómo lo ve usted?
-La salida es que se cumpla la Constitución, que el CNE se ponga a derecho y cumpla con la ley. Las actas se conocen, están los resultados. El CNE lo que debe hacer es totalizar esas actas, dar los resultados y publicarlos en la Gaceta Electoral, es lo que establece la Constitución y la Ley de Procesos Electorales.
-No se trata de hacer una nueva elección, sino respetar la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio. La legitimidad del gobierno está en entredicho, gobierna por amenaza, por miedo; si permitiera que la gente se expresara libremente se daría cuenta del rechazo y de que la gente sabe que no ganó libre y soberanamente esas elecciones del 28 de julio.
-Un gobierno cuya legitimidad está en entredicho no va a poder lograr gobernabilidad.
“El voto es para cambiar una realidad”
-Como académico y ciudadano, ¿qué solución ve en el horizonte? ¿Ve alguna luz o nos adentramos en una fase de normalización de toda esta situación política?
-Creo en la Constitución, en la ley, la gobernabilidad está seriamente comprometida y la falta de legitimidad del gobierno está haciendo aguas y eso se manifiesta con una severa crisis económica como la que estamos viviendo. Nadie en su sano juicio va a traer inversión extranjera a este país, porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica.
-También afecta la condición salarial de los trabajadores. No es a través de bonos que se puede reconocer el trabajo digno, porque no redundan en las prestaciones sociales. Todo esto que ha caracterizado la forma de gobernar arbitraria y al margen de la ley y la Constitución está haciendo aguas.
-Encuestas serias dicen que no hay disposición a participar en las elecciones del 25 de mayo, porque la gente ya no cree en el voto por lo que ocurrió el 28 de julio. ¿Cómo podemos pensar que el gobierno va a satisfacer las principales necesidades de la población cuando sólo está pensando en sobrevivir políticamente? De atribuirse una legitimidad que nadie le reconoce.
-¿Se pueden calificar esas elecciones del 25 de mayo de legales y legítimas?
-Lo primero que debo decir es que yo creo en el voto, es una herramienta de derecho ciudadano y para que haya voto tienen que haber elecciones libres y justas. La pregunta que me hago es si el 25 de mayo se convocarán elecciones libres y justas, con el mismo CNE de las elecciones del 28 de julio.
-¿Qué garantías tenemos de que los resultados serán los que se anuncien? ¿Se puede participar con partidos políticos y dirigentes inhabilitados sin causas lo suficientemente aclaradas? No sé si eso que va a pasar el 25 de mayo lo podemos llamar elecciones, porque el voto debe ser capaz de cambiar una realidad. El que va a votar quiere cambiar una realidad, expresando su voluntad. Pero me temo que eso no es lo que está planteado el 25 de mayo.
Qué esperar de la reforma constitucional
-¿ Cuál cree que es el propósito de plantear una reforma constitucional luego de lo ocurrido el 28 de julio?
-El llamado a una reforma constitucional es una burla para los venezolanos. En 2017, convocaron a una Asamblea Constituyente y esos planteamientos de cambios constitucionales no los hicieron allí y estuvo vigente hasta 2020. Se hizo solo para instalar una Asamblea Nacional (AN) paralela ¿Por qué no presentó una propuesta de reforma constitucional?
-No se tiene información, solo sé que son 80 artículos y que están sometidos a cuatro o cinco puntos cardinales, pero exactamente de qué se trata, no lo sabemos. El mecanismo tampoco está claro y de hecho pondría en duda que eso lo vayan a consultar, hay una sentencia del TSJ de 2017 sobre esa Constituyente que señala que no hace falta esa consulta a la gente para aprobar los cambios en todos los casos.
-Quiero alertar sobre la posibilidad de un cambio constitucional que lo va a imponer la AN sin que implique un llamado a consulta a los venezolanos, que no se haga el referendo.
-¿Qué espera de ese proceso? ¿El endurecimiento de la forma de gobernar el país?
-Ese cambio constitucional no les hace falta, porque si el gobierno apegara sus actuaciones a lo que dice la Constitución y la ley, uno diría que sí les hace falta cambiarla; pero no es el caso. El gobierno no condiciona su actuación a la Constitución porque no tienen ningún freno institucional, ni del TSJ, ni de la Contraloría, ni el Ministerio Público, no hay contrapeso.
No les hace falta una reforma constitucional para actuar según sus objetivos, la mejor muestra es lo del 28 de julio, ellos dicen que ganaron sin pruebas y se comportan como si hubieran ganado.
Tampoco les hace falta un decreto de emergencia económica, nada de lo contemplado allí mayormente es novedad. Solo un aspecto es peligroso, porque dice que el gobierno no solamente puede tomar medidas económicas, sino políticas y sociales. ¿Qué significa eso? ¿Que puede aprobar, por ejemplo, la reforma constitucional sin referendo? Eso es una medida política extraordinaria y excepcional. ¿Será una excusa? Son poderes ilimitados, pero no solo económicos. Puede ser cualquier cosa.
-La composición de esa comisión especial para la reforma constitucional con el fiscal presidiendo, que el ministro de la Defensa hable mucho del tema últimamente y diga que trabajan en propuestas, ¿son una mala señal de lo que viene?
-Hay que esperar que presenten un papel de trabajo para saber de qué se trata, estamos acostumbrados al centimetraje de declaraciones que a veces no significan nada. Pero llama la atención que la institución militar que debe mantenerse al margen de la diatriba política diga que están trabajando en propuestas para la reforma constitucional.
-Yo me pregunto: si el texto de esa reforma transgrede los principios fundamentales de la Constitución, ¿quién será el contrapeso para decir que eso no se puede hacer? ¿Si toda la institucionalidad está comprometida con esa comisión y la reforma? ¿Cuál será el control de esos cambios? Porque los contrapesos no existen.
-Es por ello que las universidades juegan un papel vital y lo que opinemos será de interés para todos los venezolanos.
.- ¿Han invitado a la universidad a participar en alguna reunión sobre la reforma constitucional?
-No
– El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló a las universidades de “sabotear” la iniciativa de reforma con críticas expresadas. ¿Qué puede responder a eso?
-En las universidades autónomas se fomenta el pensamiento crítico, nuestra obligación como universidad es tener pensamiento crítico, no es darle conformidad a todo lo que se plantee desde el gobierno. En el sector público no hay contrapesos.
-Le corresponderá a esta universidad, y a todas las autónomas, alzar la voz. Vamos a abordar esa reforma constitucional de una manera crítica.
El mejor momento para estudiar Derecho
.- ¿Cuál es el artículo más vulnerado de la Constitución?
-El artículo 254 de la Constitución que señala que el Poder Judicial y el TSJ deben ser independientes. Es el más violado desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Por la manera en que han elegido a los magistrados del TSJ, a los jueces de la República.
-El sistema de justicia es el que garantiza que haya un imperio de la ley y al no haber justicia en Venezuela, no hay nada. Hemos perdido la seguridad, estamos sometidos a los vaivenes de quienes gobiernan.
-¿Qué artículo cambiaría?
-El artículo sobre la reelección indefinida no pertenece a la Constitución original, se introdujo a través de una enmienda y se debería eliminar. En todos los países con ese tipo de reelección, la situación política ha terminado en tragedia. Lo más sano es eliminar esa enmienda y cumplir con la Constitución original.
-En 2007 hubo un intento de cambiarla y no pudieron y en 2017 no lo hicieron. Creo que la gente reconoce en el texto una buena Constitución. La Constitución no puede ser el fruto de una visión ideológica de un grupo en el poder: es, sobre todo, un acto de consenso de todos los sectores políticos y sociales del país. Si quieres adecuarla a los nuevos tiempos está el TSJ, pero a partir del respeto al texto constitucional, no con cantinfladas, burlándolo.
-¿Cuál es la situación de la universidad en estos momentos?
-La universidad venezolana está bajo asedio, con déficit presupuestario, salarios de hambre para profesores, empleados, obreros y los estudiantes sin posibilidades de una beca suficiente. Después de 14 años esta universidad pudo elegir a sus autoridades, pero al resto les suspendieron las elecciones. Es necesario oxigenar las estructuras de gobierno universitario.
-Desde el gobierno no hay una actitud de enaltecer la educación superior en Venezuela. El salario promedio de un profesor de esta universidad es de 20 a 25 dólares. Estamos subsidiando la universidad, porque surfeamos de manera permanente la insuficiencia presupuestaria, lo que se logra es con aranceles que pagan los alumnos o porque lo compran los mismos profesores, no porque a la universidad se le asigne el presupuesto necesario.
-Hemos sufrido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas hasta 50% de deserción estudiantil, porque los estudiantes abandonan la carrera para trabajar y poder comer. Hemos mejorado la matrícula, pero a cosa de hace tres años estaba todo abandonado.
– ¿Cómo se estudia la carrera de Derecho en un país donde no impera la justicia?
-Siempre le digo a los estudiantes que este es el mejor momento para estudiar derecho. Esta facultad también tiene estudiantes de Ciencias Políticas y ambos son importantes para el país. Formamos luchadores por la justicia y la generación política de relevo, tanto los que se van a dedicar a la actividad política en sí como a la gerencia pública.
-Siempre les mostramos lo que no debe ser, que eso que está pasando o viendo no lo haga, no repita. Es muy necesario estudiar Derecho y Ciencias Políticas. ¿Quién puede luchar contra la falta de justicia? Los abogados que pueden llegar a ser jueces, fiscales, magistrados del TSJ para que lo hagan de manera distinta. ¿Contra la mala gerencia política? Los graduados en Ciencias Políticas y luego hacen un postgrado en políticas públicas.
-Son jóvenes entrenados para que cuando haya un cambio, dirijan el país para que haya mejores políticas. Seguimos formando el futuro del país, por eso hacemos el enorme sacrificio de seguir viniendo a dar clases, a aguantar el asedio y la falta de presupuesto.