El pasado domingo, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció la implementación de una jornada reducida en las instituciones públicas del país, como medida ante la disminución del nivel de agua en los embalses que generan electricidad en la región andina de Venezuela.
Esta no es la primera vez que se toma este tipo de decisiones. Desde 2010 se han decretado medidas similares, en respuesta a crisis energéticas recurrentes, principalmente atribuidas a sequías, problemas climáticos y el deterioro de la infraestructura eléctrica, entre otras.
Venezuela ha enfrentado problemas energéticos crónicos desde finales de la década de los 2000, debido a su alta dependencia de la generación hidroeléctrica (como la represa del Guri, que históricamente ha producido hasta el 80% de la electricidad del país) y la falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico, según han denunciado expertos en la materia energética.
Las medidas de reducción de horarios laborales en la administración pública han sido una estrategia recurrente para mitigar la demanda eléctrica en momentos de crisis.
Repasemos el historial de tal situación, recapitulando información recabada de medios de comunicación:
2010: Inicio de la Crisis Energética
En 2010, Venezuela enfrentó una severa sequía vinculada por el entonces gobierno de Hugo Chávez al fenómeno «El Niño», que redujo los niveles de agua en el embalse del Guri. Esto llevó a un déficit significativo en la generación eléctrica, exacerbado por la falta de capacidad termoeléctrica alternativa.
- Medidas:
- Chávez decretó un «estado de emergencia del Servicio Nacional Electrico (SEN)» en diciembre de 2009, extendido a 2010.
- Se implementaron severos racionamientos eléctricos a escala nacional, excepto en Caracas, y se redujeron horarios laborales en el sector público, aunque no de manera uniforme ni tan drástica como en años posteriores.
- Los empleados públicos trabajaron en horarios reducidos en algunas regiones, y se instó a la población a ahorrar energía.
Las acciones se relajaron en junio de 2010 con la llegada de lluvias, aunque los cortes continuaron en el interior del país con menor frecuencia.
Temporalmente, se evitó el colapso del sistema, pero no se abordaron las causas estructurales.
2016: Recrudecimiento de la crisis
Una nueva sequía severa afectó los embalses, y la infraestructura eléctrica seguía deteriorándose por falta de mantenimiento y corrupción. La capacidad instalada termoeléctrica estaba muy por debajo de lo necesario.
- Medidas:
- En febrero de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó reducir los horarios laborales de la administración pública a un horario especial de 7:30 a.m. a 1:00 p.m., excluyendo servicios esenciales y oficinas de atención al público.
- Se impuso un plan de racionamiento eléctrico más estricto, incluyendo cortes de hasta 4 horas diarias en varias regiones, y se exigió a los entes públicos reducir el consumo eléctrico en un 30%.
- En abril de 2016, se decretó que los viernes fueran no laborables para el sector público durante varios meses como medida adicional de ahorro.
Duración: Estas medidas se extendieron por varios meses, ajustándose según las condiciones climáticas y la presión social. La justificación oficial fue la sequía extrema y el fenómeno El Niño.
Con ella se logró una reducción temporal de la demanda, pero aumentó la insatisfacción social y críticas por la falta de soluciones estructurales.
2019: Apagones masivos
En marzo de 2019, un apagón nacional dejó al 80% del país sin electricidad durante días, atribuido oficialmente a «sabotajes» y al clima, aunque expertos señalaron fallas en el mantenimiento y corrupción en Corpoelec.
- Medidas:
- Tras el apagón, se redujo la jornada laboral en el sector público y se suspendieron clases para disminuir el consumo eléctrico.
- Se implementó un sistema de «administración de carga» (racionamiento por zonas y horarios), acompañado de una reducción informal de actividades en oficinas públicas.
- Duración: Las medidas fueron intermitentes durante 2019, con ajustes según la estabilización parcial del sistema.
- Justificación Oficial: Sabotaje y emergencia climática.
- Impacto: Las medidas fueron insuficientes para evitar apagones recurrentes, y la economía y calidad de vida se deterioraron aún más.
2025: Crisis climática y sequía
Este marzo de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro anunció nuevas medidas ante una «emergencia climática» que redujo los niveles de agua en los embalses de la región andina, en un sistema eléctrico ya vulnerable por años de desinversión.
- Medidas:
- A partir del 24 de marzo de 2025, se redujo la jornada laboral en la administración pública a 8:00 a.m. – 12:30 p.m. durante 6 semanas.
- Se estableció un esquema «1×1» (un día laborable por un día no laborable), limitando las jornadas a tres días por semana de 4.5 horas cada una.
- Excepciones: Servicios esenciales y sector educativo (que mantuvo horarios normales).
Duración: Programada inicialmente para 6 semanas (hasta mayo de 2025), sujeta a evaluación. Ahora se aduce que se debe a la «emergencia climática» mundial y el aumento global de las temperaturas.
La administración chavista espera una reducción en la presión sobre el sistema eléctrico, aunque con posibles afectaciones a la productividad del sector público.
Estas medidas de reducción de horarios en la administración pública en Venezuela han sido una respuesta recurrente a crisis energéticas, con un patrón claro: dependencia de factores climáticos como excusa oficial, ausencia de soluciones a largo plazo y un sistema eléctrico cada vez más frágil.
Mientras en 2010 las medidas eran más reactivas y menos invasivas, para 2025 se han vuelto más estrictas y estructuradas, reflejando tanto la gravedad de la situación como la incapacidad sostenida del gobierno para abordar las causas raíz del problema energético.
No es culpa del calentamiento
El ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas de generación eléctrica, aseveró en entrevista que la disminución del agua en los embalses andinos de José Antonio Páez, San Agatón, Fabricio Ojeda, Peña Larga y Masparro no es por causa del calentamiento global, como asegura la administración de Nicolás Maduro, sino por uso abusivo de esos espacios acuáticos por parte de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
«Estos embalses no fueron diseñados para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica de la región andina, que ronda los 1.600 megavatios; sino para ser operados entre 6 y 8 horas diarias y en épocas de mayor demanda», explicó.
Añadió que responsabilizar al clima es una excusa para cubrir la negligencia con la que han operado en esos recursos.
«Ellos abusaron de los embalses por más de 16 horas diarias durante nueve meses. ¿Qué hicieron? Los secaron. Esos embalses están diseñados para funcionar a plena carga entre seis y ocho horas diarias, y debe tener un acompañamiento de la energía que se produce en Guri, que tiene una transmisión limitada, y de generación termoeléctrica, pero no hay suficiente”, añadió.