La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llevó a cabo una sesión el 5 de marzo de 2025 para analizar la situación de los privados de libertad en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Familiares de presos políticos y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) participaron en el encuentro donde se discutió sobre las condiciones de detención y las acciones estatales en el contexto poselectoral.
Stuardo Ralón, comisionado de la Cidh y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, señaló que en Venezuela las detenciones por motivos políticos tienen como propósito limitar las voces disidentes y generar un efecto disuasorio en la sociedad. “Hace poco tiempo hubo un fraude electoral y como consecuencia hay una persecución política”, afirmó.
El director del OVP, Humberto Prado, presentó un panorama general de lo que ocurre en el país tras las detenciones masivas poselectorales. “Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos generada por el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral”, explicó.
El defensor de derechos humanos señaló que estos organismos participan en la persecución y procesamiento penal de opositores, periodistas y defensores de derechos fundamentales.
Cidh denuncia estrategia sistemática en Venezuela
Gloria de Mees, relatora del organismo, describió los métodos utilizados por el Estado venezolano en contra de la disidencia forman parte de una estrategia sistemática. “El modus operandi del Estado es silenciar a través de represión, tortura, arrestos arbitrarios, aislamiento y desapariciones forzadas”, indicó.
Pedro Vaca Villareal, otro comisionado de la CIDH que participó en la sesión, abordó la falta de apoyo institucional a las personas víctimas de represión y arrestos arbitrarios en el país e hizo énfasis que estas personas no cuentan con el mínimo acompañamiento de la Cidh.
Mencionó que las detenciones de adolescentes, ocurridas tras el contexto electoral, impactan a nivel generacional al restringir su participación en el presente y futuro del país.
El OVP solicitó la colaboración a la Cidh para pedir sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones dirigidas a la Corte Penal Internacional (CPI).
Prado señaló que esta petición se orienta a buscar mecanismos internacionales para visibilizar y abordar las condiciones de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
El activista por los derechos humanos también recordó los casos de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, que fue detenida desde el 9 de febrero de 2024 en El Helicoide, Caracas, y no tiene acceso a una defensa privada de confianza.
añadió que San Miguel padece de “una fractura en su hombro y no ha sido posible trasladarla a un centro de salud”.
Otro caso destacado por Prado fue el de Javier Tarazona, director de Fundaredes. “Se encuentra en un estado de salud delicado tras estar tres años y ocho meses detenido”, indicó.
Familiares expusieron casos
Familiares de presos políticos participaron en la audiencia del organismo internacional para exponer los casos recientes de encarcelamientos poselectorales. La activista Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas; Aurora Silva, esposa del miembro del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano; y María Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, contaron las irregularidades que se han cometido durante el proceso penal que enfrentan.
Ante las exposiciones de los casos Ralón Orellana, de la Cidh, subrayó la necesidad de difusión internacional de cada uno de estos casos. “La lucha por la libertad de los presos políticos debe ser una lucha de todos”, dijo. El comisionado indicó que el Estado venezolano no cumple con sus compromisos de derechos humanos y llamó a la sociedad civil a presionar por la liberación de los detenidos.